Golpe al clientelismo en la DIAN: Corte tumba norma que blindaba cargos provisionales y ordena dar prioridad a ganadores de concurso

La Corte Constitucional declaró inconstitucional una norma del Decreto Ley 927 de 2023 que impedía que quienes ganaron concursos de mérito ocuparan cargos en provisionalidad. Ahora, la DIAN deberá respetar el orden meritocrático.

En un fallo histórico que refuerza el principio del mérito en el empleo público, la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que impedía que los ganadores del concurso DIAN 2022 accedieran a cargos ocupados provisionalmente. La decisión obliga a la entidad tributaria a utilizar las listas de elegibles vigentes para proveer las vacantes existentes, incluso aquellas actualmente ocupadas por encargo o provisionalidad.

La disposición anulada formaba parte del Decreto Ley 927 de 2023 y, según la Corte, generaba un privilegio inconstitucional en favor de quienes ocupaban cargos de manera temporal, violando principios fundamentales como el mérito, la igualdad, el debido proceso y el acceso a funciones públicas.

“De las más de 10.000 vacantes definitivas en la DIAN, aproximadamente 5.600 están ocupadas de forma provisional. Esto, a pesar de haberse invertido más de 50 mil millones de pesos en los concursos de méritos”, señala el fallo.

La Corte concluyó que impedir el uso de las listas de elegibles en cargos temporalmente ocupados representaba un retroceso en materia de transparencia y profesionalización del servicio público. Además, consideró que existen alternativas menos lesivas para garantizar la continuidad del servicio sin sacrificar el acceso por mérito.

Como consecuencia, la DIAN deberá, a partir de ahora, proveer las vacantes usando exclusivamente las listas de elegibles en orden estricto, sin excluir aquellas en provisionalidad, siempre que la vacante sea equivalente al perfil ofertado.

El fallo fue aprobado por la mayoría de la Sala Plena. El magistrado Miguel Polo Rosero salvó su voto, argumentando que la medida anulada buscaba asegurar una transición ordenada hacia un nuevo modelo de carrera, y que la restricción era proporcional y constitucional.

Este pronunciamiento se convierte en un precedente clave para todo el sector público, al reafirmar que el mérito debe primar sobre cualquier tipo de nombramiento temporal que desvirtúe la carrera administrativa.

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