El portal de noticias Cuestión Publica, acaba de hacer público un informe en el que manifiesta que ocho días antes de la operación Atai del Ejercito nacional y en la cual fueron muertos ocho menores de edad, la institución habría tenido conocimiento de su presencia en el sitio bombardeado.

De acuerdo con el portal, el informe de inteligencia No. 937 de carácter “secreto” y de “uso exclusivo del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas Militares del Ejército Nacional” demuestra que el 24 de agosto de 2019, cinco días antes de la denominada Operación Atai, el Ejército sabía que el esquema de seguridad de alias “Cucho” estaba conformado por menores de edad, producto del reclutamiento forzado. Una responsabilidad que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, no reconoció antes de dejar su cargo y tampoco ha reconocido el presidente de la República Iván Duque, quien autorizó esa operación que acabó con la vida de al menos ocho menores de edad.

La Operación Atai tuvo lugar en San Vicente del Caguán, Caquetá, en zona selvática el 29 de agosto del 2019. A las 11:03 p.m. La Fuerza Aérea bombardeó el sitio para abatir a alias Gildardo Cucho, según el Ejército, cabecilla de Grupos Armados Organizados (GAO) residual E-7 que respondía órdenes de Gentil Duarte, disidente de las Farc. 

Imagen del cráter que dejó una de las bombas arrojadas en la Operación Atai. Foto extraída de la nota de Noticias Uno: Los hallazgos de Noticias Uno en la zona del bombardeo donde murieron al menos 8 niños.

“Ante la evidencia de la muerte de al menos ocho menores de edad en una situación totalmente excepcional en un Estado de derecho, y al confrontar las declaraciones del presidente Duque sobre el carácter “impecable” de la operación; las del personero municipal de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, que había alertado sobre el reclutamiento forzado de menores en la zona; las denuncias del senador Roy Barreras y el trabajo periodístico en la zona del operativo, en Dejusticia estimamos que en este caso faltaba información para poder dar un mejor debate público sobre estos hechos”,  dijo Juan Carlos Upegui investigador de Dejusticia, centro de investigación socio jurídica dedicado a la promoción de los Derechos Humanos, a la garantía del interés público y al fortalecimiento del Estado de derecho.

Y agregó que, además, intuían “que la información podría estar relacionada con un caso de violación de derechos humanos que, según la ley, no puede estar reservada, ni siquiera por razones de seguridad nacional.  Esta operación tenía código Beta, que supone el uso de aeronaves, armamento pesado y la autorización previa del presidente de la República como supremo comandante de las Fuerzas Militares.”

Ese operativo código Beta en el que murieron 14 personas, incluyendo a alias Cucho, fue descrito por el presidente como una “labor estratégica, meticulosa, impecable”.