Unidad elimina barreras a víctimas priorizadas para acceder a la indemnización

La Resolución 1049 de 2019, expedida hace pocos días por la Unidad para las Víctimas, no cambia el procedimiento para solicitar la indemnización por vía administrativa pero sí lo describe de manera clara y detallada y adopta disposiciones en favor de las víctimas y su derecho a reclamar una reparación económica por los daños sufridos en medio del conflicto armado. También, aclara cuáles son las causales para negar una indemnización administrativa.

Entre las disposiciones favorables a las personas sobrevivientes del conflicto están las que eliminan barreras de acceso a víctimas que afrontan una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, consideradas prioritarias para el pago de la indemnización, tales como las víctimas que viven con una condición de discapacidad o con enfermedades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo.

Cuando las víctimas descritas anteriormente soliciten la indemnización, ya no tendrán que presentar una certificación de la EPS en la que conste que su situación de salud les ha generado un 40% de pérdida de desempeño. Ese porcentaje estaba establecido en la resolución 1958 de 2018, que queda derogada. Las víctimas de 74 años o más mantienen su carácter prioritario para ser favorecidas con la medida económica reparadora.

Lorena Mesa, subdirectora de Reparación Individual (e), explica: “A través de la resolución 1049 la Unidad unifica el procedimiento relacionado con la indemnización administrativa, lo hace más claro y entendible para todas las víctimas y adicionalmente elimina barreras de acceso relacionadas con el porcentaje de pérdida de desempeño en la discapacidad: ahora las víctimas no tendrán que certificar el 40% de pérdida de su desempeño, sino solamente con el certificado de discapacidad o de enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo podrán acceder a la ruta prioritaria de la indemnización administrativa”.

El contenido de la nueva norma provee a los solicitantes de indemnización de mayores garantías en el ejercicio de su derecho al debido proceso administrativo, con medidas como los noventa días más de plazo a quienes habían entregado la documentación de solicitud de manera previa a la expedición de la resolución 1958 de junio de 2018.

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