La elección de Santiago Miguel Pérez Posada, concejal electo en Montería, podría estar pendiendo de un hilo, y es que la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, admitió la demanda de nulidad electoral que interpuso en su contra Larry García Correa, por presunta incursión en inhabilidad e incompatibilidad.

Jurídicamente hablando, lo que solicita García Correa, es que se deje sin efecto el acto administrativo de contenido electoral denominador E-26 del 4 de noviembre de 2019, por medio del cual la Comisión Escrutadora Municipal de Montería, declaró elegido como concejal a Pérez Posada para el período 2020-2023.

Por su parte el argumento del demandante para referir la inhabilidad e incompatibilidad, fue hecho conforme a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que habla de las inhabilidades de los cabildantes y reza que “quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”. De igual forma García Correa alegó el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.

Es este sentido y tras la revisión del contenido correspondiente, el Tribunal admitió la demanda y se encuentro en el adelanto del debido proceso, por lo que informó que se informará al demandan “en la forma prevista en el artículo 277 del CPCA, numeral 1, literal , y en caso de ser necesario, dar aplicación a los literales b y c”.