En medio de intimidaciones, amenazas y fustigaciones, cumplen con su labor hoy en día los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos en el país. Y es que desde ultimátum para abandonar ciertos territorios, hasta golpizas y –en el peor de los escenarios- asesinatos, se registran día tras día en distintos departamentos de la nación, hechos que son propiciados por integrantes de grupos armados al margen de la ley, quienes por justicia propia y en base a criterios guiados por su despotismo, deciden acabar con la vida de aquellos que se opongan a sus ideales e interfieran en el cumplimiento de sus propósitos e intereses.

Según la Defensoría del Pueblo, cada tres días es asesinado un líder social, lo que ha conllevado a tener a la fecha, una cifra alarmante de víctimas, concretamente 311 desde 2016, correspondiendo 123 a este año de acuerdo a un reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con corte del pasado 5 de julio, el cual difiere en la cifra total que aporta el órgano defensor, reflejando 419 homicidios desde hace 2 años, es decir, 108 más.

Este mismo ente a través de su mayor autoridad, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, informó que las zonas más azotadas por esta preocupación latente, son aquellas en cuyos terrenos reposan cultivos ilícitos y minería ilegal, tales como el Cauca, en donde se han registrado 78 líderes caídos; Antioquia, con 43 víctimas que lamentar; Norte de Santander, con 21 asesinatos; Nariño, con 18 y Valle del Cauca y Chocó, cada uno con 16 activistas infortunados.

¿Pero por qué los asesinan?

Varias organizaciones sociales del país sostuvieron una reunión con los directivos e integrantes de la Comisión de la Verdad, en donde dejaron saber que consideran que uno de los principales motivos por los que los ataques a activistas no han disminuido, es que el Gobierno no acepte que existe una sistematicidad en la ejecución de los crímenes.

«Las luchas por el acceso a la tierra y a los recursos naturales, así como por la justicia social y la rendición de cuentas, impulsan la violencia contra aquéllos que desafían el poder de las élites económicas y políticas”. Es este un extracto del documento que dichas organizaciones consignaron ante la directiva de la Comisión de la Verdad, texto en el que además se deja ver que en muchos casos se ha querido tergiversar la información con respecto a los hechos, involucrando al conflicto y a la guerrilla, presentando a las víctimas como parte de la misma, cuando realmente –cita el escrito- han sido objeto de homicidio por “razones conectadas con su trabajo y defensa de derechos”, en la mayoría de los casos por defender tierras.

El documento también señala que durante los últimos años el incremento de asesinatos a líderes ha sido de un 100%, ya que de acuerdo a cifras establecidas por el Programa Somos Defensores, entre 2002 y 2017 se habían contabilizado 610 víctimas y en solo dos años (de 2016 a 2018), los homicidios han sido más de la mitad de ello.

Las organizaciones reseñaron algunos patrones de agresión como la represión por entidades de Inteligencia del Estado, la criminalización infundada por medio del Sistema de Justicia Criminal y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas, señalando de forma directa a funcionarios del ESMAD de la Policía Nacional.

Exigen justicia y no se detendrán

Integrantes de la organización ‘Las Mujeres Contamos’ se sumaron a la iniciativa denominada ‘Velatón’, que consiste en encender una vela por la memoria de cada líder caído, sirviendo a la vez como una manera de hacer llegar su voz, tanto a instancias nacionales como internacionales. Las mujeres aseguraron que pretenden hacer una ‘Velatón’ cada viernes, hasta que se erradiquen las amenazas contra los activistas y se les brinde garantías de vida.Esta organización redactará un documento con peticiones como el esclarecimiento de los cientos de crímenes, el cual será radicado ante la Presidencia de la República y los distintos organismos de control correspondientes. Además intentarán hacerlo llegar a protectores internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, un grupo de líderes sociales que llegaron a Bogotá el pasado jueves 11 de julio, provenientes de varias localidades del país, entre ellas Quibdó, Buenaventura y Tumaco, se reunieron con el coordinador residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago, y la directora de Fescol, Kristina Birke Daniels, a fin de plantear su percepción sobre lo que está sucediendo.

Los activistas demandan que el trabajo que desempeñan en pro de la sociedad siempre sea no sólo reconocido sino también protegido y defendido, a lo que el Coordinador respondió con una frase de respaldo asegurando que “basta ya. No queremos más líderes sociales asesinados en Colombia. Estamos aquí para defender la vida”.

Las acciones del Gobierno

A fin de apaciguar los incesantes ataques, el Gobierno Nacional aprobó un plan a través del cual se ofrecen compensaciones a quienes brinden a la justicia información sobre la identidad y ubicación de los autores, tanto materiales como intelectuales, de los hechos de sangre, tratando así de persuadir a la ciudadanía por medio de una cifra de dinero cuyo monto no fue especificado, pero se conoció que será mayor si la declaración contiene datos claves sobre la mente que ideó el o los homicidios.

Además en consenso entre el presidente Juan Manuel Santos, el Procurador, el Fiscal General y representantes del alto mando de las Fuerzas Armadas, se establecieron ocho medidas que se implementarán en las zonas más amenazadas, entre las cuales se encuentran: Acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a 10, sumando los municipios de Corinto, Cáceres, El Bagre, Buenaventura, Quibdó y Tame; Fortalecer la protección colectiva, en donde el Ministerio de Defensa pondrá en marcha las Unidades Básicas de Protección – UBP, dependientes de las Seccionales de Protección de la Policía para desarrollar esquemas colectivos; Fortalecer la Unidad Nacional de Protección y la creación de un Plan Urgente de Intervención (Fase inicial por 30 días) en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional para las zonas más afectadas por estos hechos en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.

Por su parte el Fiscal Néstor Humberto Martínez informó que existen más de 140 órdenes de captura, las cuales pretenden ser procesadas con la participación del Ejército Nacional para “triplicar esfuerzos”.

De igual forma el Procurador, Fernando Carrillo, ordenó la apertura de investigaciones a agentes del Estado, para determinar si alguno de ellos podría estar incurso en los asesinatos.

En Córdoba

Córdoba no escapa de este problema y hasta la fecha, de acuerdo al Indepaz, han sido 9 los líderes asesinados en el departamento.

El último ataque llegó a cinco activistas de Valencia, en donde a través de un audio presuntamente emitido por un disidente de las Farc, se les ordenaba con nombre propio e incluso alias, que salieran del pueblo o de lo contrario serían asesinados.

Tras este hecho se realizó una mesa de trabajo integrada por la Secretaría de Interior de la Gobernación de Córdoba, la Décima Primera Brigada del Ejército, la Policía Nacional, la Dirección Seccional de la Fiscalía de Córdoba, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo, en cuya culminación se ordenó la activación de las rutas de atención y protección en las zonas con mayor alerta.

Estas medidas implementadas por todos los niveles de Gobierno, tienen un fin único y común: acabar con el sometimiento y acecho que viven los líderes sociales a diario y erradicar en su totalidad el incontable derramamiento de sangre que ha habido en el país durante los últimos años, con especial énfasis luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016.