A propósito del fallo de la CIDH en el caso del ex alcalde Petro, el Procurador indicó que la Corte IDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado.

“Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”.

 Dijo el jefe el Ministerio Público que la decisión de la Corte IDH no puede ser una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas cada vez más organizadas, que hoy son el mayor motor de violación de los derechos humanos en Colombia.

“Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”.

La sentencia reconoce en el Consejo de Estado el ejercicio de un control adecuado y oportuno a la legalidad y advierte que no resulta procedente ordenar medidas legislativas respecto del procedimiento general previsto en el Código Disciplinario Único, ni modificar la acción de nulidad y restablecimiento. “No existen elementos para concluir la existencia de un problema de carácter estructural que amerite la modificación de dicho procedimiento”, precisó el tribunal.

“Como legado dejaremos una entidad fortalecida y una propuesta que endurezca las sanciones contra los corruptos”, puntualizó el Procurador.