En tan solo dos meses de intervención, ya recuperó cartera por
$2.000 millones que garantiza liquidez para la operación corriente.

La Superintendencia Nacional de Salud asumió el pasado 18 de marzo la administración del hospital regional de San Marcos, de Sucre, para trazar un plan de acción que permita alcanzar su equilibrio financiero y mejorar la prestación de sus servicios.

Hoy, luego de dos meses de intervención de la Supersalud, ya se registran los primeros avances pues se recuperó la infraestructura hospitalaria y se reactivó la operación del laboratorio clínico, que durante los últimos años fue administrado por un tercero mediante una figura poco favorable para las finanzas del centro asistencial.

 Asimismo, se habilitaron dos consultorios, uno para el servicio de triage en urgencias y el otro para la atención exclusiva de pacientes con coronavirus, en tanto que se amplió la capacidad con 20 camas de aislamiento en hospitalización. Hoy, con el apoyo del Gobierno Nacional, se cuenta con una capacidad de 10 camas para cuidados intensivos.

Uno de los principales logros ha sido la recuperación de cartera por cerca de 2.000 millones de pesos, a través de las mesas de flujo de recursos y las jornadas de conciliación convocadas y facilitadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Estos recursos van a garantizar liquidez para la operación corriente.

Asimismo, el pago de nómina y honorarios se viene realizando a tiempo, toda vez que los meses de marzo y abril de este año fueron cubiertos. Frente a la pandemia del coronavirus, el hospital ha venido garantizando con oportunidad los elementos de bioseguridad, necesarios para proteger al personal médico y asistencial.

A corto plazo se espera adquirir dos ambulancias medicalizadas, que, con el apoyo de la administración departamental, serán financiadas en su totalidad.

En estado crítico

 Con la toma de posesión de este centro asistencial, hace dos meses se evidenció una difícil situación administrativa toda vez que no había una planeación operativa, se adeudaban 6 meses de salarios al personal de nómina y hasta 16 meses por honorarios.

El hospital se encontraba categorizado por el Ministerio de Salud en ‘riesgo alto’ y el plan de saneamiento fiscal no fue viabilizado debido a que había sido remitido de manera extemporánea, perdiendo la oportunidad de acceder a recursos que le permitieran el saneamiento de pasivos.

Entre otros hallazgos, las instalaciones se encontraban en pésimas condiciones, solo cumplía con el 51% de los estándares de habilitación y la dotación para el personal asistencial era uno de los temas más críticos.

En el aspecto asistencial, el hospital no contaba con un proceso de triage establecido, no existía un registro de las historias clínicas, tampoco implementaba la guía de aislamiento hospitalario y ni siquiera garantizaba las condiciones de limpieza en servicios de alta afluencia como urgencias y cirugía.

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