La senadora Victoria Sandino alzó nuevamente la voz en el Senado, durante la plenaria del miércoles, 27 de mayo, donde expuso la grave situación que viven los campesinos en el sur de Córdoba, zona donde la criminalidad se encuentra latente a la vista de las autoridades.

Sandino denunció la falta de atención que sufren en esta localidad, donde el Gobierno Nacional ni en medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país ha ordenado la suspensión de las erradicaciones forzadas, ni ha logrado disminuir los índices de criminalidad que se registran en esa área que ha sido golpeada desde hace muchos años.  

La senadora por el partido Farc resaltó las denuncias que vienen haciendo desde hace días en varias comunidades del municipio Puerto Libertador y Montelíbano, donde temen que sigan siendo atacados y conlleve a un desplazamiento forzado.

A continuación le presentamos la exposición de la senadora ante el Senado:

“Hoy nuevamente debo denunciar ante esta plenaria la grave situación a la que se están enfrentando campesinos y campesinas del Sur de Córdoba. Ni el estado de emergencia ha sido un hecho contundente para que el Gobierno Nacional suspenda las erradicaciones forzadas y todos los efectos nocivos que ellas conllevan.

Sumado a la falta de oportunidades, el incumplimiento del PNIS, las amenazas y asesinatos a quienes asumen liderazgos, ahora el mantenimiento de las erradicaciones pone en riesgo la vida de estas comunidades.

Desde ayer las asociaciones de campesinos vienen denunciando la presencia de erradicadores provenientes de diferentes partes del país, en las comunidades de las veredas Jagua y San Felipe, de los municipios de Puerto Libertador y Montelibano.

Incumpliendo con todas las medidas de salvaguarda de las comunidades quienes no descartan un posible desplazamiento por miedo al contagio del Covid 19, más aún cuando por comentarios de integrantes del mismo Ejercito Nacional muchos de estos erradicadores vienen de cárceles y distintos lugares del país con casos de Covid-19.

Estos territorios históricamente olvidados necesitan en este momento la presencia del Estado con sus instituciones de salud, trabajo, educación, necesitan políticas sociales que les permitan tener una vida digna. ¿Dónde están los servicios de salud, los elementos de bioseguridad, los subsidios de emergencia? No es posible que la única presencia del Estado siga siendo el Ejército y ahora agravado por el riesgo de llevar el contagio de Covid- 19.

Si la pandemia llega a estas comunidades, el Gobierno Nacional será el único responsable por no haber implementado las medidas de prevención y protección respectivas.

Hago un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a que revisen esta situación y que tomen las medidas respectivas.

No hay colombianos de primera y segunda categoría, todas y todos merecemos la misma protección del Estado”.