Por: J.J. Rubiano

La Procuraduría General de la Nación tiene listo el proyecto de ley que modifica el sistema de sanciones en materia disciplinaria contra funcionarios de elección popular por hechos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos.

El proyecto será presentado ante el Congreso para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia por la sanción disciplinaria que impuso la Procuraduría contra el senador Gustavo Petro, por cambiar el esquema de basuras en Bogotá cuando fue alcalde de la capital del país. 

Señala el proyecto que la Procuraduría mantiene la competencia para investigar y sancionar a funcionarios de elección popular que cometan actos de corrupción, pero establece más garantías frente a una condena disciplinaria.

El proyecto propone que, ante una eventual sentencia disciplinaria, el Consejo de Estado revisará el fallo y emitirá una decisión.

“El proyecto de decisión sancionatoria disciplinaria que llegare a resultar de las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, en el evento que conlleve destitución e inhabilidad general de servidores públicos elegidos por voto popular, tendrá control automático jurisdiccional”, se indica en la iniciativa.

En el caso en que esa decisión siga siendo desfavorable para el funcionario investigado, se podrá impugnar, es decir, el proyecto de ley abre la puerta a la denominada doble conformidad.

“Se propone que cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo realice el control jurisdiccional y absuelva al disciplinado, si esa decisión es apelada y producto de ello se sanciona el disciplinado, este podrá impugnar tal sanción”, dice el proyecto.

Lo anterior quiere decir que otro juez podrá revisar nuevamente el fallo disciplinario para determinar si efectivamente el funcionario sancionado es culpable o inocente.

El proyecto de ley también reduce los tiempos para que la Procuraduría dé a conocer la decisión final sobre un proceso disciplinario contra funcionarios de elección popular.

“Se propone que, al concluir los términos de la indagación preliminar, de la investigación disciplinaria o el previsto en la ley para fallar, deberá proyectarse la decisión que en derecho corresponda en un plazo máximo de tres meses, so pena de pérdida de competencia y reasignación de la actuación a otra dependencia”, se lee en el texto.