Recién inicia la campaña electoral para las elecciones regionales convocadas para el 27 de octubre y desde ya la Procuraduría General de la Nación advierte que existe con gran preocupación la activación del delito de trashumancia electoral en 262 municipios del país.

Las estadísticas demuestran que Taraira (Vaupés), San Cayetano (Norte de Santander), Restrepo (Meta), Puerto Colombia (Atlántico) y Puerto Gaitán (Meta) son las poblaciones donde se registra mayormente este problema que es considerado como un delito electoral desde el 2017.

Estructurando el delito por departamentos, estos serían los que están en riesgo por cometer el ‘trasteo’ de cambios de centros electorales: Boyacá, con 56 municipios bajo la lupa; Cundinamarca, 40; Antioquia, 35; Santander, 21; y Norte de Santander, 13.

Fernando Carrillo, procurador general, convocó a la ciudadanía para que se acerquen a las procuraduría, personerías y fiscalías, donde pueden denunciar las compras de votos para estos comicios.

Las cifras de este delito fueron halladas a través del cruce de base de datos de cédulas registradas versus bases del Sisben, seguridad social y Agencia para la Superación de la Pobreza; censo electoral versus proyección poblacional; y censo electoral versus población mayor de edad.