El representante a la Cámara Juan Fernando Reyes, liberal del Valle, puso en el tapete del Capitolio durante la sesión del martes, 27 de agosto, un proyecto que de seguro tendrá muchas controversias como lo es la reglamentación de la eutanasia.

A pesar de que este procedimiento médico está avalado según lo ha garantizado la Corte Constitucional desde 1997 a través de decisiones de tutelas y resolución del Ministerio de Salud, Reyes considera que el legislativo debe reglamentar este derecho ampliamente para que los médicos que en muchos casos por no tener la claridad en cuanto a la normativa se niegan a aplicar este procedimiento.

Reyes indicó que con este proyecto buscan reglamentar el derecho de las personas para morir dignamente, siempre y cuando cumplan una de tres condiciones que serían: una enfermedad terminal en estado avanzado, causal que ya estaba en marcha; y las que entrarían en debate, una enfermedad incurable y que le afecte su calidad de vida de una manera grave o que tenga una enfermedad terminal con pronóstico de muerte.

Una de las enfermedades que podría estar padeciendo el paciente para recurrir a la eutanasia debe ser, según Reyes: “un cáncer que esté muy avanzado y que a la persona le digan que solamente le pueden hacer cuidados paliativos; y la segunda, una condición médica que afecte su calidad de vida de una manera grave, por ejemplo, alguien que está en estado cuadripléjico”.

Los pasos que deberían seguir quien solicite este método es pedírselo a su médico y a su vez que este debe verificar que cumpla con una de las causales y mediante una junta médica decidir si se aprueba o no.

Esta ley que no maneja cuanto sería el costo para la aplicación de la eutanasia, tendría una serie de consideraciones para casos extremos como si el médico se niega a aplicar el procedimiento se deberían asignar otro doctor para que avance en el procedimiento; si la persona está en coma existirían dos posibilidades: la primera que haya dejado un consentimiento anticipado, y la segunda sería con la autorización de la familia, pero con la garantía de los médicos que aleguen que la enfermedad de ese paciente no tiene cura.