Para el senador Gustavo Petro, Alejandro Ordoñez, quien es embajador de Colombia ante la ONU, debe renunciar a tal cargo, toda vez que -a su juicio- es un «violador de los derechos humanos».

“Si Duque quiere hacer que su Gobierno sea representado por un violador de Derechos Humanos, constatado en la misma instancia de la que hace parte, eso es un problema de Duque. La imagen de Colombia, la figura y valores de Colombia ante la OEA, están representados por un violador de Derechos Humanos”, sentenció Petro.

Este pronunciamiento se deriva del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del líder de la Colombia Humana, a través del cual se condenó al Estado colombiano por haberle destituido de su cargo como alcalde de Bogotá en el año 2013, orden que fue dada por la Procuraduría general, ente que para la fecha estaba bajo el mando de Ordoñez.

Petro detalló que aunque la sentencia del tribunal internacional está clara, es necesario impulsar reformas legislativas para evitar que vuelva a ocurrir lo que con él.

“No es muy difícil, son cuatro o cinco artículos que hay que cambiar, eso no tiene mayor dificultad y puede ser un proyecto de reforma que presente el Gobierno a través del Ministerio del Interior o la Cancillería y el Congreso podría tramitarlo con mensaje de urgencia y da los tiempos suficientes”, indicó.

En contexto

La CIDH, que ordenó una indemnización a favor del senador por la suma de US$ 28.000, «concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios democráticamente electos -así como aquellas que tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una decisión de la Contraloría-, constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Como se recordará, Gustavo Petro fue destituido como alcalde mayor, el 9 de diciembre del año 2013, luego de que el entonces procurador Ordoñez lo hallara responsable del caos de la recolección de basuras, por haber cambiado el esquema de recolección, lo que tuvo a la capital del país inundada de desechos durante una semana.

Esto para el tribunal internacional constituyó una violavión al principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa.