El reclamo social en Chile lejos de apaciguarse se acrecienta con los días. Hasta lo que va corrido de la semana, se cuentan más de 40 días de protestas continuas, durante los cuales la violencia ha sido el denominador común, a pesar de que durante las primeras acciones, el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas económicas a fin de calmar los ánimos.

Esas medidas, entre la cuales destacan el servicio gratuito del metro de Santiago y el aumento del ingreso mínimo salarial a 350 mil pesos chilenos, no causaron ningún efecto positivo en la población, que sigue reclamando los derechos que consideran merecer e incluso exigen la renuncia del mandatario.

De acuerdo a la ONG Human Rights Watch (HRW), se han recibido «centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas», informe que fue valorado por el Gobierno.

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El revuelo social se desató en este país de América del sur, desde el pasado 18 de octubre. Desde entonces, se han registrado protestas vandálicas, saqueos a establecimientos comerciales, y –entre otras cosas- ataques contra sedes religiosas y contra organismos e inmuebles del Estado.

Piñera ha dicho que «escucha con humildad las demandas de la calle», pero ninguna de sus propuestas apaga las protestas.