La Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respaldó este viernes a las autoridades del Valle del Cauca en las acciones  para reforzar la ruta de atención de los casos de violencias contra las mujeres, que se incrementaron en el pasado mes de junio.

Este fue uno de los resultados del Consejo de Seguridad departamental, que se llevó a cabo de forma virtual, con la participación de la Vicepresidenta y de la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo.

“Hemos venido trabajando de la mano de Medicina Legal para hacer la valoración del riesgo de feminicidios, lo mismo que están haciendo en Cali, Buenaventura, Jamundí, Candelaria, Obando y Yumbo. Hemos visto esos riesgos extremos de mujeres que podrían ser víctimas de violencia y esto nos obliga a tener presencia permanente”, señaló la Vicepresidenta de la República.

En este sentido, se avanza en una ruta de atención integral, con una batería de alertas tempranas que permita identificar los contextos y escenarios donde puede haber violencia contra esta población.

Actualmente, se tiene un reporte de 167 mujeres que, según Medicina Legal, se encuentran con un riesgo grave (46 casos) y extremo (121 casos) de ser víctimas de feminicidio en 6 municipios. Durante el periodo de confinamiento se ha registrado un aumento 117% de las llamadas por violencia intrafamiliar en el Valle del Cauca.

Al respecto, la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer indicó que “además de las rutas de prevención y protección, es necesario fortalecer los mecanismos para la efectiva judicialización de los agresores y garantizar los derechos de las mujeres. No podemos esperar que las asesinen para actuar”, dijo.

Agregó que el Gobierno Nacional seguirá acompañando esta agenda conjunta con el fortalecimiento de las Comisarías de Familia y el desarrollo de un sistema tecnológico que permita hacer seguimiento a cada caso de violencia.

En el Consejo de Seguridad departamental participaron la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; congresistas de la región, delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de la Mujer del departamento, y oficiales del Ejército y la Policía Nacional.