Por: Eusebio Canabal Restrepo, abogado penalista.

La iniciativa de grupos políticos de propulsar una ley que introduzca la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos violentos y sexuales contra menores de edad tiene único fundamento en el populismo punitivo, y no deviene de una discusión sensata y reflexiva en base a argumentos de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad.

La prescripción es una institución esencial del derecho que hace efectiva la seguridad jurídica y el debido proceso. El derecho penal en las sociedades democráticas modernas fundamentadas en el respeto de los derechos humanos, funciona como un sistema de filtros o límites frente a la arbitrariedad del poder punitivo del Estado. Este garantismo penal impide que los ciudadanos seamos víctimas del autoritarismo y la represión.   

La prescripción de la acción penal por el paso del tiempo constituye uno de estos filtros, pues limita el margen de acción en el tiempo de la fiscalía para investigar y acusar.

Por el contrario, la imprescriptibilidad de la acción penal genera dilación injustificada de términos que implica la vinculación indefinida del ciudadano al proceso, además de crear zozobra en la comunidad debido a la larga espera para el señalamiento de inocentes o culpables.

 Asimismo resulta innecesaria, teniendo en cuenta que en la ley penal vigente los delitos sexuales contra menores prescriben en 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcanza la mayoría de edad.

Los medios de comunicación en un Estado de Derecho tienen el rol de funcionar como control social del poder, su trabajo permite materializar un principio democrático fundamental que es la publicidad de los actos de gobierno.

Sin embargo, al tratarse de casos judiciales, suele presentarse información sesgada y descontextualizada que manipula la opinión pública hasta crear juicios paralelos, en los cuales el periodista hace de fiscal, abogado defensor o juez, avivando un clamor social que presiona al juez y compromete su imparcialidad durante el juicio. 

Los medios crean polémica a partir del drama implícito en los hechos con connotación delictual, y esta polémica o efervescencia luego es aprovechada por el discurso político para cautivar electores. Es así como la intervención irresponsable de la política en los procesos legislativos ha derivado en una inflación del poder punitivo que puede conducir al declive del sistema judicial.  

En el país subsisten gravísimos fenómenos de corrupción pública y privada, de devastación del medio ambiente, de pobreza, violencia y narcotráfico. La propuesta de imprescriptibilidad desvía la atención frente a estos problemas de mayor connotación, concentrando excesivamente la persecución punitiva en un sector específico de la población bajo el mero propósito de lograr satisfacer el deseo de venganza social.

Bajo tal razonamiento, ¿por qué no volver también imprescriptible el lavado de activos? ¿Por qué no la cadena perpetua para quienes desfalcan al Estado?  ¿O la pena de muerte para los jueces que venden justicia? ¿Por qué no?