Por: J. J. Rubiano
Para nadie es un secreto que no comulgo con las políticas fascistas de ultra derecha que desde el 2002 ha querido imponer en Colombia el ex senador Uribe, y antes por el contrario soy un contradictor de sus tesis “embaucadoras”, que tienen al país al borde de una dictadura de facto con el “cuentico” de volvernos como Venezuela.

No es un secreto que el uribismo busca mantenerse en el poder –y lo está consiguiendo-con el único fin de evadir la justicia y la responsabilidad de sus acciones que tanto daño le han hecho a la nación.
La preclusión del proceso contra el ex senador Uribe, solicitada por la Fiscalía, deja en evidencia el peligro que representa –pese a que se advirtió de manera oportuna- que, a los altos cargos de los poderes, lleguen personas impuestas por el ejecutivo, pues hasta ahí llega su independencia.
No entiendo la sorpresa de muchos cunado ya se sabía que esto iba a suceder.

Desde el mismo momento en el que el Fiscal Barbosa (campeón de la prepotencia y el auto alago) designó al fiscal Gabriel Jaimes –quien resultó ser un amanuense del ex senador- se sabía cuál sería el resultado del proceso.

Este fallo, controversial por demás, representa la debilidad manifiesta de la independencia de la justicia en Colombia, cuando la misma es manejada por los hilos del poder político que solo buscan el beneficio personal.

Nadie en Colombia cree en la independencia de la Fiscalía y del fiscal en este caso, pues es un secreto a voces que tanto la entidad como sus funcionarios perdieron su independencia y hoy se mueven bajo las ordenes que se envíen desde una finca ubicada a las afueras de Montería, desde donde se maneja el país.

¿Quién entiende o más bien como se entiende que la Fiscalía desconozca las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia?
Ahora todo queda en manos de una Juez de la República, la cual muy seguramente ya debió haber sido perfilada, ustedes saben por quién y por orden de quien, para que avale la preclusión del proceso.
Está claro que cuando se acumulan todos los poderes del Estado, lo que se busca es beneficiar a quienes violan las leyes para así poderles entregar impunidad, como sucedió en este caso.

Bien lo escribió en su columna de opinión el prestigioso abogado Héctor Riveros cuando dijo, “Si algo se le puede atribuir al expresidente Uribe es la deslegitimación del poder judicial, que puede ser una de las mayores catástrofes institucionales que haya sufrido Colombia en las últimas décadas. La inmensa mayoría de la ciudadanía cree que en nuestro país la justicia está al servicio de intereses políticos, que es como si todos estuvieran seguros de que el árbitro del partido lo compró alguno de los equipos”.

No cabe duda que Uribe pasara a la historia como el único colombiano que modifico la Constitución Política para hacerse reelegir y como el colombiano que deslegitimo a la justicia, haciendo incumplir el rigor de la misma, solo para su beneficio personal.
Algo si hay que tener claro, el hecho que desde la fiscalía de bolsillo se busque archivar el proceso no significa inocencia, significa y representa es la podredumbre y decadencia en la que ha caído el sistema judicial en nuestro país.