Por: J. J. Rubiano
La ONU, la alta Comisionada para los Derechos Humanos de esa organización, Human Rights Watch (HRW), la Justicia Especial para la Paz, JEP, La Comunidad Europea y múltiples ONGs que vigilan los derechos humanos en el mundo, no pueden estar equivocados en manifestar al unísono que en Colombia lo que hubo fue un holocausto durante los ocho años (2002-2010) de la llamada seguridad democrática.


Y es que luego que se conocieran las cifras entregadas por la JEP, que señalan que los falsos positivos durante ese gobierno –un 75%- y el de Juan Manuel Santos, no son de 2.200, como lo señalan los archivos que le envió la Fiscalía, sino 6.405 los asesinados bajo esta modalidad.
El escándalo reventó y con justa razón, pues fue la vida de más de seis mil compatriotas las que se perdieron bajo esta modalidad y con el amparo y la anuencia del gobierno de turno en las fechas antes señaladas.


Lamentablemente en Colombia la noticia dolorosa del número de personas muertas en estos hechos, no generaron la reacción que debería tener, y por el contrario los medios le dieron mucha más trascendencia a lo que pensara el hoy ex senador Uribe sobre el tema.


Y como es lógico y ya costumbre, Uribe salió a desmentir el informe y a despotricar de la JEP y volvió a insistir en la necesidad de acabar con ese organismo, que según su visión “distorsiona la verdad de los hechos”, así las pruebas muestren lo contrario.


En su defensa y la de su gobierno, Uribe, no mide las consecuencias de sus sindicaciones llegando al punto de sindicar a director para las américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, de ser miembro de las hoy desmovilizadas Farc.

Para el ex senador, todo se trata de una persecución en su contra que busca dañarle su imagen, pero las pruebas expuestas señalan algo muy diferente, y es que el 75 % de esos asesinatos fueron realizados durante su gobierno, sin que esto quiera decir que se hizo por orden suya, pero si bajo su mando pues fungía como comandante en jefe de la Fuerza Militares.


Para el ex senador – y esto no es nuevo- todo aquel que critica las acciones de gobierno durante su época de presidente, no es más que un integrante de las Farc, estigmatizando así a quienes no están de acuerdo con sus pensamientos.


Lo cierto es que durante su gobierno – así se niegue sistemáticamente- hubo recompensas por resultados operacionales tanto para civiles como para militares por bajas operacionales que terminaron convirtiéndose en los “falsos positivos”.

Y es que así lo demuestran documentos oficiales como el decreto 1400 de 2006, que en su artículo 1 dice: “Bonificación por operaciones de importancia nacional. Boina. Crease la bonificación por operaciones de importancia nacional, Boina, para los miembros de la fuerza pública y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que participen en una operación de importancia nacional, la cual se otorgará por cada ocasión”, es decir por cada baja había premio.

De igual manera la directiva 29 del 2005, otorgaba recompensas en dinero o especies por parte del gobierno a personas indeterminadas por informaciones oportunas y veraces proporcionadas a la Fuerza Pública que conduzcan a la captura o abatimiento de cabecillas de organizaciones al margen de la ley o cabecillas del narcotráfico.


Así las cosas, se entiende sin necesidad de tener más de cinco dedos de frente, que los falsos positivos fueron impulsados por las “dadivas” que entregaba el gobierno por los resultados operacionales.


Ahora, no se entiende como los áulicos defensores del ex senador, cuestionan el informe por sus elevadas cifras, afirmando que no son tantos, lo que tácitamente da a entender que reconocen que los “falsos positivos”, si existieron.


Puede que se demore, pero es imperioso que los colombianos conozcamos la verdad de este holocausto de los “falsos positivos” que dejaron más de 6.000 muertos, porque la verdad no los revive, pero si da paz y tranquilidad a las familias afectadas.