El pasado domingo 4 de julio se cumplieron 25 años de la promulgación de la Constitución de 1991, la efeméride es propicia para un análisis sobre lo que esta ha desatado sobre nuestro País.

 

 

La Constitución de 1991 fue presentada y es defendida como una constitución garantista, como un gran pacto social, pluralista y participativo, cuyos efectos principales serían acabar con la corrupción secular y las violencias que aquejaban a nuestro País en los años ochenta.

 

 

Si bien es cierto que la Carta Política contiene una carta de derechos fundamentales, que incluye derechos sociales, económicos, políticos y culturales, también es cierto que el resto de la carta política contiene las bases fundamentales sobre las cuales se asentaría el modelo económico neoliberal en nuestra patria, lo cual, al no ser posible bajo el ordenamiento jurídico proporcionado por la centenaria Constitución de 1886, se constituyó en el principal argumento, no declarado, para un cambio constitucional a principios de la década de los noventa.  

 

 

No bien estuvo aprobada la nueva carta política, se desató sobre nuestro País la primera oleada de privatizaciones, hechas bajo el amparo de leyes como la 142 de servicios públicos, por cuya perfección neoliberal estamos sufriendo a ELECTRICARIBE S.A.; la Ley 100 del 93, cuyo principal engendro son las EPS que vampirizan los recursos de la salud y sostienen un sistema de muerte.

 

 

Su parte dogmática, que contiene la carta de derechos, frente a su parte orgánica, que contiene los principios de aplicación del neoliberalismo en nuestro País nos demuestran, con sus desarrollos posteriores, cuál era el objetivo principal de la Constituyente que, dicho sea de paso, tomó de manera casi íntegra la propuesta presentada por el entonces Presidente de la República, quien por su completa entrega a los dictados de los organismos multilaterales de crédito, controlados por los Estados Unidos, saldría del solio de Bolívar a ocupar la presidencia de la OEA.

 

 

La Constitución de 1991 es una muestra fidedigna de cómo las oligarquías entregadas a los designios del imperialismo, usan los deseos de cambio de las sociedades para introducir su antinacional política económica, prometiendo derechos que o no se cumplen, o se atacan constantemente desde su promulgación, como el caso de la tutela, que ha sido atacada por todos los gobiernos desde los noventa y que hoy queda como instrumento de batalla de los colombianos para la exigencia de los derechos negados, lo cual es palpable en el hecho de que en año 2014 se presentaron 498200 tutelas, 118281 de las cuales fueron en salud.

 

 

La constitución de 1991 no disminuyó la desigualdad en nuestro País, pues el índice de Gini pasó en 1991 de 0.47 a 0.52 en 2015, según la CEPAL; el 20 por ciento más rico, pasó de  4.67 por ciento en 1991 a 1.9 por ciento en 2014, mientras que el 20 por ciento más pobre aumentó de 54.69 por ciento a 57.9 por ciento en el mismo periodo. La participación electoral, por su parte, bajó de 47 por ciento en 1990 a 37 por ciento en 2014, baja considerable si se tiene en cuenta el aumento de la población.

 

 

Pero lo más grave ha sido el derrumbe total de nuestra incipiente industria, el marchitamiento progresivo del campo colombiano al tenor del cual el año pasado fueron importadas más de 12 millones de toneladas de alimentos no procesados que han podido, y eran, producidos en suelo patrio.

 

 

Las cifras, de conocimiento público, nos dan un balance negativo para la nación, aunque positivo para el imperialismo y sus correveidiles nacionales. A tal punto que hoy, lo democrático es defender la parte dogmática de la Constitución, no desarrollada y constantemente atacada por los gobiernos, y atacar con toda la fuerza de la movilización social su parte orgánica, neoliberal y entregista, bello ejemplo de lo cual es el Referendo Nacional por el Agro Colombiano, que Dignidad Agropecuaria Nacional y otras organizaciones sociales vienen impulsando para modificar cuatro artículos de la Constitución, al amparo de los cuales a cabalgado el envilecimiento de nuestra producción agropecuaria.

 

 

En el cumpleaños número 25 de nuestra Carta Magna, no hay nada que celebrar y sí mucho por conquistar, la tarea de los demócratas es grande: forjar la más amplia unidad de colombianos afectados por las políticas que nuestra constitución ha propiciado, para sacar a Colombia del atolladero en que se encuentra y encaminarla por senderos de soberanía, democracia y verdadero desarrollo económico, político y social.