Tras 22 meses de intenso trabajo, la sociedad civil –en cabeza de la Alianza por la Niñez Colombiana, y en coordinación con la academia y otros sectores–, ha unido esfuerzos con el Gobierno Nacional desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para radicar hoy, 28 de agosto de 2019, con el apoyo de senadores y representantes a la Cámara, una iniciativa legislativa que conduzca a la prohibición del castigo físico, humillante y tratos degradantes como práctica en los diversos entornos en los que transcurre la niñez y adolescencia.

El Proyecto de Ley tiene por objeto: “Prohibir toda forma de castigo físico y psicológico, tratos crueles, humillantes o degradantes hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus progenitores, representantes legales o por cualquier otra persona encargada de su cuidado en todos los entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia”. “Con esta Ley, Colombia se está poniendo al día con sus obligaciones contraídas como suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño, que cumple 30 años este noviembre”, afirma Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

“Llegó la hora de cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestras niñas, niños y adolescentes. La evidencia nos ha mostrado que el castigo físico y humillante y los tratos degradantes son ineficientes, no modulan las conductas, nos distancian de nuestros hijos, y que además tienen graves consecuencias físicas y psicológicas en el corto, mediano y largo plazo”, asegura Juliana Pungiluppi, directora general del ICBF.

El Proyecto de Ley se acoge a la definición del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), sobre lo que es castigo físico: “Se entiende por Castigo Físico: Toda acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cualquier estado de dolor o malestar, aunque sea leve, con el fin de ejercer autoridad, disciplinar o corregir, siempre que no constituya conducta punible”.

Por su parte, los castigos crueles y humillantes se definen como: “Toda acción de crianza, orientación o educación con la que se menosprecie, humille, denigre, estigmatice, amenace, atemorice o ridiculice al niño, niña o adolescente, con el fin de ejercer autoridad, disciplinar o corregir, siempre que no constituya conducta punible”. La exposición de motivos del Proyecto de Ley hace énfasis en las repercusiones que genera el castigo en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes, y en los daños de la salud actual y futura, relacionados con el estrés que genera la violencia en contra de la niñez y la adolescencia.

Y alerta sobre la alta prevalencia de la práctica y la aceptación social y cultural del castigo físico y el trato humillante como métodos de disciplina, formación y educación. Esta afirmación tiene como base estudios científicos y también una investigación adelantada por las organizaciones de la Alianza por la Niñez y la Universidad de La Sabana (algunos resultados más adelante).

Por su parte, el sustento legal del Proyecto de Ley se da en el marco del “Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la protección a los niños, niñas y adolescentes, como la Convención sobre los Derechos de la niñez, y los distintos órganos internacionales que concluyen la imperiosa necesidad de prohibir el castigo físico en todos los entornos donde están presentes los niños y niñas, con el fin de garantizarles su pleno desarrollo físico, mental y social. Al respecto, la Observación 13 del CDN indica que el niño, niña y adolescente, como persona, es titular pleno de sus derechos; por tanto, resalta la obligación de los Estados de eliminar de la legislación toda justificación del uso de los castigos físicos como una corrección “razonable” en cualquier entorno e incluir la prohibición expresa en la legislación”.

A la luz de esta observación, el Comité ha instado en sus observaciones a los informes presentados por el Estado colombiano ante esta instancia, a derogar el artículo 262 del Código Civil Colombiano sobre la “facultad de vigilancia, corrección y sanción” y a asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos, incluida la niñez indígena, además de crear formas de crianza positiva, no violentas y formas participativas de crianza de niñas y niños.