Por: J. J. Rubiano

Luego que la Justicia Especial para la Paz, JEP, organismo creado en el marco de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, imputara cargos por el delito de secuestro a ocho miembros de la plana mayor de esa guerrilla, desde el lado de las víctimas de ese flagelo se preguntan qué va a pasar ahora en este proceso.

De acuerdo con lo establecido en los acuerdos esto será lo que viene en ese proceso.

Los antiguos miembros del Secretariado de las extintas Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. También pueden reaccionar aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para reaccionar frente a lo determinado en el Auto.

Al terminar el periodo de 30 días hábiles, y recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, al considerar que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Si hay reconocimiento, una vez realizada la Audiencia de Reconocimiento, la Sala adoptará una resolución de conclusiones que remite al Tribunal de Paz para que este imponga una sanción propia si es el caso. Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador, y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.

En lo que resta del año, la Sala de Reconocimiento emitirá otros autos de determinación de hechos y conductas para cada uno de los bloques de la extinta guerrilla de las Farc-EP, de manera que los antiguos mandos medios y los ejecutores de los hechos puedan también reconocer o rechazar las imputaciones realizadas en lo que les corresponde.

 ¿Qué aporta esta decisión a la verdad plena?

El principal aporte de la decisión es agrupar grandes cantidades de hechos individuales en patrones masivos de conducta, lo cual permite identificar políticas y formas de operar de la organización armada, así como las responsabilidades de quienes dieron las órdenes pero que no ejecutaron los hechos. Además, el marco legal de la JEP permite, por primera vez en el país, imputar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a los máximos responsables y nombrarlos como tales, dando cuenta de la gravedad que tienen los hechos. La contrastación de lo que dicen los informes del Estado y la sociedad civil, los comparecientes, y las víctimas, permite identificar de manera coherente y rigurosa cuáles fueron estos patrones y políticas, y cómo se implementaron.

En este análisis la Sala de Reconocimiento describe los hechos del caso 01 y los discrimina en tres grupos a partir de la intención de la organización armada. En el primero la Sala señala que lo que hasta ahora el país había entendido como secuestros fue una parte integral de la política financiera de las Farc-EP, adoptada expresamente en 1993, y cuya finalidad última era financiar no solo a los frentes que los cometían, sino la eventual toma de Bogotá. Todos los bloques y frentes debían financiarse a sí mismos, entre otras maneras a través del secuestro, y debían aportar a la organización central montos que eran parte de las órdenes del Secretariado, con la finalidad de lograr la toma de la capital.

En segundo lugar, la Sala de Reconocimiento indica que las Farc-EP también cometieron secuestros cuya finalidad era forzar el intercambio por guerrilleros presos. En este grupo hay víctimas tanto civiles como policías y militares; fueron secuestros de larga duración y sus víctimas directas y familiares aportaron relatos especialmente detallados y conmovedores de su sufrimiento. 

En tercer lugar, la Sala de Reconocimiento detalla los secuestros cuya finalidad era contribuir al control que tenía un frente o columna de un territorio, castigando a quienes desobedecían a la organización armada y controlando la presencia y circulación de personas en estas zonas a través de graves privaciones de la libertad. En muchos de estos casos las víctimas fueron desaparecidas y sus familiares aún buscan sus cuerpos.

El Auto de Determinación de Hechos y Conductas trae como anexo los hechos descritos por todas las víctimas acreditadas, uno a uno, anonimizadas las identidades de estas para proteger su intimidad. Lo mismo se hace en el Auto cuando la identidad de la víctima no era de público conocimiento.