Proyectos de infraestructura y productivos serán clave para los PDET en la reactivación económica: Consejero Archila

Fue promulgada oficialmente la ley 2078 que prorroga por 10 años la Ley de víctimas y restitución de tierras, que se convierte en un paso trascendental para ofrecer garantías y reparación integral a más de 9 millones de colombianos que sufrieron el mayor impacto de la violencia en el país.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó el trabajo del Gobierno Nacional y el papel del Congreso de la República en la extensión de la vigencia de esta norma, y señaló que es un paso fundamental para la protección de las víctimas, que son y serán el eje de las acciones de la administración del presidente Iván Duque.

El consejero señaló que “en estos objetivos se basa la Paz con Legalidad: atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas que hay registradas en el país. Es atender sus necesidades, acompañarlas de regreso a las tierras que tuvieron que abandonar por la violencia, garantizar su sostenibilidad económica y escuchar la voz de las familias étnicas y campesinas que padecieron con mayor rigor la violencia en las zonas rurales”.

“Hemos dicho que hay un gobierno y un país que se preocupan realmente por las víctimas, con instrucciones claras del presidente Duque para que se aceleren los procesos de reparación y no se repitan jamás las violencias del pasado. Avanzamos en acciones para su beneficio, en temas de tierras, proyectos productivos, recursos y oportunidades laborales. Debemos reconocer el esfuerzo de líderes y lideresas de las víctimas y de los jueces y magistrados comprometidos en la aplicación de la ley”, puntualizó Archila.

El modelo de reparación integral que se implementa en Colombia es único en el mundo, atiende desde la afectación física y mental, hasta la restitución con modelos productivos, y en este proceso los proyectos agropecuarios y de infraestructura social y comunitaria han sido fundamentales para que puedan generar ingresos que aporten a sus familias y que a su vez generen arraigo en su tierra, seguridad y confianza en el Estado.

Agregó Archila que en los 170 municipios priorizados por el gobierno nacional a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, vive el 30 por ciento de las víctimas del país y resaltó que, de los 765 sujetos de reparación colectiva reconocidos en el registro nacional, 398 -más de la mitad-, están en estas regiones.

A 31 de diciembre de 2020, el Registro Único de Víctimas tiene reconocidas 9´057.952 personas que individualmente han sido afectadas por algún hecho victimizante. Es así como amparado en la ley 1448 que fue prorrogada por 10 años más, el gobierno del presidente Duque, con el liderazgo de la Unidad para las Víctimas dirigida por el Dr. Ramón Rodríguez, ha entregado 228.104 indemnizaciones individuales (recursos entregados directamente a las víctimas como compensación económica por los daños ocasionados por la violencia) con una inversión cercana a los $1,89 billones de pesos y se ha logrado reparar a 23 sujetos de reparación colectiva de los 26 que se han reparado en toda la historia de la ley.

Un ejemplo concreto de esto, es la entrega de la totalidad de los bienes y servicios a REDEPAZ (Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz) identificados como necesarios para ser reparados y así fortalecer su misionalidad. Esto significa que el gobierno ha focalizado sus esfuerzos en cumplir en su totalidad los planes de reparación construido por las comunidades, organizaciones o grupos que fueron víctimas.

Adicionalmente se han implementado 1.041 acciones reparadoras en cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva, con una inversión cercana a $115.579 millones.

Igualmente, 755.371 víctimas de desplazamiento forzado superaron su situación de vulnerabilidad en estos 28 meses de trabajo, esto representa el 75.5% de la meta propuesta por este gobierno, lo que nos permite decir que a hoy existen 2.244.716 víctimas que no están en una situación vulnerable.

En materia de restitución de tierras, en estos 28 meses se han restituido más de 58.070 hectáreas (42.103 de ruta individual y 15.967 de ruta étnica). La Unidad de Restitución de Tierras en la ruta individual ha presentado ante la justicia 6.004 demandas de restitución, lo que representa el 45% de las solicitudes radicadas durante toda la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que completa nueve años (2011-2020).

Por su parte, en la ruta colectiva, el porcentaje de demandas para restituir los derechos territoriales de comunidades étnicas también representa un avance significativo, durante este Gobierno se han radicado 89 demandas, lo que representa el 71% del total de demandas presentadas durante la vigencia de la ley.

En materia de sentencias, se han devuelto 58.070 hectáreas, beneficiando a 24.291 víctimas de despojo y desplazamiento forzado que hacen parte de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Con la política de Paz con Legalidad hemos llegado a zonas donde antes no se intervenía. La restitución llega a más del 80% del territorio y se mejoró la capacidad económica de los campesinos víctimas de la violencia que regresaron a sus tierras a través de la implementación de proyectos productivos la cual se consolida con la política de Agricultura por Contrato, a través de sus dos estrategias “Coseche y Venda a la Fija” y “el Campo a un Clic”.

Además, 2.529 proyectos productivos han beneficiado a igual número de familias, en 20 departamentos afectados por la violencia, con inversiones de más de $49.100 millones para proyectos con las líneas productivas en: ganadería, apicultura, avicultura, piscicultura, porcicultura y cultivos de hortalizas, plátano, yuca, pimienta, ají y teca, entre otros. Con estas familias se ha logrado la firma de 1.334 acuerdos de comercialización.

Con la Unidad de Restitución de Tierras, dirigida por el doctor Andrés Castro, las comunidades y grupos indígenas contarán con 10 años más para la implementación de medidas específicas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales de acuerdo a la nueva ley 2078 sancionada por el presidente Duque.