Por: J. J. Rubiano
La Procuraduría General de la Nación avanza en la recolección y evaluación de pruebas dentro de las indagaciones preliminares adelantadas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, en especial de todas aquellas relacionadas con casos que involucran víctimas mortales, ocurridas durante las protestas del 28 de abril al 2 de mayo.

En este sentido la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró su compromiso con las familias de cada una de las víctimas, y con el país en torno a garantizar que este organismo de control ejercerá las funciones constitucionales y legales para que se imparta efectiva justicia y se aclaren los hechos. «Nuestra prioridad será garantizarles a las víctimas, a sus familias y al país, que habrá justicia y ningún crimen quedará en la impunidad».

“Desde que se conoció el anuncio del inicio del paro y durante todo el transcurso del mismo, nuestros funcionarios han venido trabajando sin descanso para propiciar espacios de diálogo que eviten las confrontaciones; garantizando que cada quien cumpla sin excesos y sin omisiones con sus obligaciones; y específicamente vigilando el respeto por los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, en especial el derecho a la vida, a la salud y a la integridad. Tenemos identificados ya los casos en los que presuntamente se excedió el uso de la fuerza y violaciones a los Derechos Humanos, así como aquellos que condujeron a un desenlace fatal, y puedo garantizarles que nuestra prioridad será garantizarles a las víctimas, a sus familias y al país, que habrá justicia y ningún crimen quedará en la impunidad”, enfatizó la Procuradora.

De las 26 indagaciones preliminares anunciadas por la Policía Nacional, la Procuraduría determinó asumir inicialmente 8 por poder preferente, las cuales serán conocidas por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos para la evaluación, verificación de cada caso, y determinar si es constitutivo de falta disciplinaria.

Frente a las otras 18 indagaciones preliminares, se ejercerá por parte de la Procuraduría General de la Nación, la súper vigilancia administrativa que consiste en la potestad que ostenta la Entidad para intervenir como sujeto procesal en investigaciones disciplinarias que se adelantan en los distintos entes u órganos del Estado, en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías fundamentales.

Además de las quejas recibidas durante las jornadas de acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas, las remitidas por correo electrónico por ONGs y Personerías, la Procuraduría evalúa la información difundida por los medios de comunicación, entre las que figuran los videos de redes sociales y cámaras de vigilancia; así como las copias que trasladará la Fiscalía General de la Nación.