Por: J. J. Rubiano

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) presentó una acción popular mediante la cual busca evitar que se vendan los bienes que le fueron incautados a los señalados testaferros de las antiguas FARC.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya admitió para su estudio el recurso judicial, y el demandante que es la fundación Colombia Cree,  señala que en 2019 la SAE expidió una resolución que puso a la venta 411 bienes inmuebles con fines de extinción de dominio asociados a FARC, y según alega la acción popular, esos bienes no pueden ser vendidos porque aún gozan de presunción y no existe fallo de un juez en el que se haya comprobado que dichos bienes estaban al servicio de la antigua guerrilla.

Además, se argumenta que la Corte Constitucional en el auto 155 determinó que los bienes inmersos en procesos judiciales de las FARC deben ser conservados por la SAE pues esos bienes, en tal caso de un fallo por parte de un juez serán para las víctimas, no para el Estado, entonces se cuestiona, porqué la SAE vende bienes de manera anticipada.

La Acción popular pide como medida cautelar que se suspenda la resolución que ordena la venta de los inmuebles, porque sería al Fondo de Víctimas y el Estado  a los que les tocaría pagar en el caso de que un juez eventualmente determine la devolución de dichos bienes.

El auto del Tribunal le dio un plazo de 25 días a la SAE para que conteste la demanda y solicite las pruebas que utilizará en este proceso.