Por: J. J. Rubiano
Un gran avance en materia de atención integral a las víctimas del conflicto armado ha sido la ley 1448 de 2011 más conocida como ´Ley de Víctimas´, que no solo se centra en indemnización monetaria o la restitución de bienes, si no que va más allá y persigue la inclusión de medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución, vivienda, fuentes de ingreso, acceso a crédito, educación, salud y garantías de no repetición.
Para el senador Roy Barreras, la ley no solo ampara a quienes fueron desplazados contra su voluntad, o sufrieron despojo o abandono forzado de tierras, también protege a las víctimas de homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual.
Asimismo, se destaca la inclusión de La Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica como entidades que forman parte de la Ley 1448 y contribuyen desde sus fines misionales a la reparación y la atención integral a las víctimas del conflicto.
La prórroga por diez años más significa que todas las víctimas del conflicto podrán ser atendidas y reparadas.
En su momento el senador Roy Barreras, uno de los promotores de la renovación de la Ley de Víctimas, explicó por qué era necesario dar este trámite en el Congreso: “Hemos aprobado prórroga de la Ley de Víctimas por 10 años más. La ley aprobada en 2011 se vencía el próximo 2021 y de 9 millones de todo tipo de víctimas en el conflicto armado colombiano, por lo menos 7 millones siguen sin reparar”.
El 9 de abril de cada año, el Congreso de la República en pleno se reunirá para escuchar a las víctimas en jornada de sesión permanente, como lo estipula el Artículo 142 de la ley 1448 de 2011, además por parte del Estado se realizarán eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos afectados.
De acuerdo con información de la Unidad de Víctimas, 1.100.000 víctimas han sido indemnizadas, 89 % por desplazamiento forzado, 12 % víctimas de homicidio, 5 % víctimas de amenazas, 2 % víctimas de desaparición forzada.
Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras indica que en estos nueve años de la Ley de Víctimas se han devuelto, 380.455 hectáreas de tierra beneficiando a 70.277 colombianos que forman parte de comunidades campesinas y étnicas que fueron víctimas de despojo y desplazamiento forzado.