Por: J. J. Rubiano
La acreditación de las víctimas en procedimientos penales que investigan y juzgan crímenes internacionales es una cuestión innovadora y de evolución reciente en el mundo.
Antes de este siglo, la participación de las víctimas solo era permitida en calidad de testigos, y sus demandas de verdad, justicia y reparación fueron atendidas de manera muy escasa en escenarios de justicia, tales como los tribunales penales internacionales para la Ex Yugoslavia y Ruanda.
Con la aparición de otras jurisdicciones internacionales en la primera década del siglo XXI, como la Corte Penal Internacional (2002) y las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya (2003), la cuestión de la participación de las víctimas en el enjuiciamiento de crímenes internacionales tuvo un giro determinante.
En estas jurisdicciones, a las víctimas se les reconoce el derecho de presentar observaciones en el curso de los procedimientos, constituirse, incluso, como parte civil y acceder a reparaciones.
Este cambio de paradigma ha significado una creciente participación de las víctimas en escenarios de justicia penal a nivel internacional y local. En las Salas Extraordinarias de Camboya, por ejemplo, hubo un aumento en la participación de las víctimas en el segundo caso con respecto al primero. Mientras que en el Caso 001, adelantado en contra Kaing Guek Eav, alias Duch, se recibieron 90 solicitudes de partes civiles, en el Caso 002 que investiga Nuon Chea, Ieng Sary y Khieu Samphan, se recibieron cerca de 4.000.
En la Corte Penal Internacional, de otra parte, aunque no hay cifras oficiales respecto al número de aplicaciones de víctimas que han sido aceptadas en el marco de los procedimientos adelantados, sí hay información disponible sobre el número de personas que la Corte ha reconocido como beneficiarias de las medidas de reparación individual y colectiva que se dictaron en sus tres primeras condenas.