El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de ser una “empresa criminal” y sus directivos enfrentan un escrito de acusación por actos de corrupción relacionados con la entrega de millonarios convenios a cambio del pago de sobornos y nombramientos. 

La historia comenzó en 2017, cuando el Fonade abrió una convocatoria invitando a varias empresas a participar en el proyecto para hacer interventoría a los contratos de diseño y construcción de proyectos de vivienda de interés prioritario que se desarrollaría en varios departamentos del país.

La Fiscalía descubrió que la invitación estaba condicionada “por una alianza criminal”, ya que previamente habían acordado los nombres de las empresas a las que se invitarían y luego, según un acuerdo, se elegiría al consorcio que conformara la empresa Tecniconsulta   S.A.S, que efectivamente se presentó al proceso como parte del consorcio Interviviendas.

De acuerdo con el ente acusador, los funcionarios de Fonade crearon una empresa criminal “proyectada con permanencia en el tiempo para hacerse a nuevos contratos en la entidad”.

Juan Carlos Montoya, exfuncionario de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y exfuncionario del Fonade; Héctor Julio Álvarez, exsecretario de Infraestructura Departamental de Córdoba; Hugo Bula Mercado, exfuncionario de Fonade; y la ex directora de la Uspec, Maria Cristina Palau, son los investigados por el ente.