Por: J. J. Rubiano

De los 136.116 trabajadores de la salud que están en 926 Empresas Sociales del Estado, y que están considerados como la primera línea de atención contra el covid-19, 116.401 fueron contratados de manera indirecta.

Las cifras son oficiales y fueron entregadas por el mismo Ministerio de Salud.

De acuerdo con esas cifras, se puede decir que los contratos tercerizados constituyen el 71.37% de los puestos de trabajo en el sector y los servidores que están vinculados a las plantas de personal de las entidades de la salud pública, solo constituyen el 28.63%.

Para el procurador general Fernando Carrillo, los contratos de prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociado y otras modalidades, se han incrementado en las IPS hasta el punto de que se crean nóminas paralelas.

“Así como una gran cantidad de personas trabajan durante largos periodos para las entidades públicas, en detrimento a su derecho fundamental a un trabajo decente y a la seguridad social que él implica”, manifestó.

Carrillo advirtió que el personal de las IPS, no puede estar vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales.

El Procurador demandó del Ministerio de Salud, los directores, gerentes y funcionarios de las empresas sociales del Estado, dar cumplimiento a la normativa constitucional, legal y reglamentaria que garantiza el derecho al trabajo del personal de la salud en condiciones dignas y decentes.

De igual manera, pidió mantener la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes, sin desconocer los derechos de los trabajadores del sector a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.