Por: J. J. Rubiano

Los habitantes de Buenaventura y Tumaco han realizado diferentes movilizaciones por la paz y la convivencia en la región, a raíz de la ola de violencia creciente. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que conforman el Comité Interinstitucional, se unió a ese clamor por el derecho a la vida y solicitó al Estado a hacer presencia de manera integral en el suroccidente del país.

Según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en 2021 se ha presentado un incremento de la violencia en Buenaventura con más de 112 familias víctimas de desplazamientos forzados, 20 asesinatos y siete personas se presumen desaparecidas.

Como han señalado líderes y lideresas sociales y comunitarios, existe un abandono histórico del Estado en la región. La falta de oportunidades para la población es aprovechada por distintos actores armados, lo cual incrementa la zozobra y violencia en la comunidad.

El Comité Interinstitucional consideró que la presencia de la Fuerza Pública es necesaria, pero insuficiente para garantizar una paz territorial, por lo que considero que es urgente adoptar medidas para garantizar trabajo digno, educación, salud y los demás derechos económicos, sociales y culturales de Buenaventura y el suroccidente del país.

Finalmente, el Comité resaltó la importancia de la implementación del Acuerdo de Paz en su totalidad, ya que sus distintos puntos contienen mecanismos y procesos necesarios para superar las condiciones de exclusión y abandono de distintos territorios del país que permiten avanzar en la consolidación de la paz.