Por: J.J. Rubiano

Casi cuatro años se demoró la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para evaluar que el operador Claro era dominante en el mercado. La CRC constató que la compañía sí tiene esta condición en el mercado de Servicios Móviles en el país, “el cual corresponde a la prestación conjunta de los servicios de voz y datos móviles”.

La CRC anunció que a  esta  decisión le procede un recurso de reposición, “el cual puede ser interpuesto por el operador dentro de los diez días siguientes a la notificación del acto administrativo que decidió la actuación en primera instancia”.

La respuesta de Claro Colombia no demoró y manifestó que “desconoce el contenido de la resolución de la CRC y que la decisión se basa en el análisis de información de hace más de cinco años que no refleja la realidad actual del mercado nacional. “La CRC toma esta decisión en primera instancia, sin que exista evidencia alguna de una falla en el mercado, como lo ratificó la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, máxima autoridad de competencia del país”, señaló Claro.

“Esta gran dinámica competitiva, explica la reducción de los precios al público en más de un 50% en los últimos tres años para los servicios de voz y datos móviles. La decisión de la CRC desincentiva las inversiones de Claro y del sector en el país. Solo con medidas que promuevan la inversión y la competencia, se podrá cerrar la brecha digital. Esta declaración desalienta la inversión, no beneficia al país ni a los usuarios del servicio”, señaló la compañía en el comunicado.

Frente a la decisión de la Comisión, y del pronunciamiento de Claro, las reacciones no se hicieron esperar. El operador Tigo, en cabeza de su presidente Marcelo Cataldo, ha dicho que respetan y acogen la decisión del ente regulador y que estarán atentos al monitoreo que se hará del proceso. Así como de seguir apostando por el país.

Por su parte, Telefónica Movistar Colombia, a través de un comunicado oficial, afirmó que considera que este es un paso que «beneficiará a todos los colombianos, pero también advierte la necesidad de que el regulador tome medidas diferenciales para controlar esta situación en defensa de los usuarios y de la libre competencia».