La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  confirmó el lunes, 31 de mayo, a través de su cuenta en Twitter, @CIDH, la visita oficial a Colombia entre el 8 y el 10 de junio próximos, para observar la situación de Derechos Humanos que enfrenta el país en el marco de las protestas del paro nacional.

El organismo de la OEA anunció reuniones con autoridades de los distintos poderes del Estado, así como con víctimas de violaciones de Derechos Humanos, sus familias y con voceros de la sociedad civil, sindicatos, gremios y colectivos.

La Comisión buscará «escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones, así como a personas que resultaron afectadas por acciones de violencia en ese contexto», según el comunicado.

Desde inicios de mayo, la CIDH había solicitado al Gobierno de Colombia una visita de trabajo «a la mayor brevedad posible» para verificar las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Sin embargo, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, que estuvo la semana pasada de visita oficial en Washington y Nueva York, le dio largas a la Comisión y dijo que decidiría una fecha a finales de junio, después de una audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia que la CIDH convocó para el 29 de junio.

Este lunes se conoció que el 28 de mayo, un día después de la reunión con Ramírez en Washington, la CIDH propuso adelantar la visita para entre el 7 y el 9 de junio sin necesidad de hacer una audiencia previa.

Solo hasta este lunes, la vicepresidenta hizo una contrapropuesta e invitó a la CIDH a visitar Colombia desde el 8 de junio pero con la condición de llevar a cabo la audiencia privada en Bogotá  el 7 de junio junto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Ya aceptada la condición, la CIDH realizará su observación en terreno del 8 al 11 de junio «previa coordinación conjunta con el Estado colombiano del protocolo y formato, de tal manera que el Estado, conforme a ello, proceda a formalizar a la brevedad posible la anuencia a la visita», según la carta de la Canciller.