La Asociación Colombiana de Minería (ACM) emitió un comunicado de prensa en el cual fijan postura y manifiestan lamentar la decisión de Prodeco que devolvió títulos mineros a la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La ACM recalcó que esta importante empresa representa el 21% de la producción nacional de carbón, la cual genera un promedio de 300 mil millones de pesos anuales en regalías.

En la misiva también expresan lo siguiente:

“Nos solidarizamos con la empresa, sus empleados, proveedores, toda la cadena de abastecimiento y las comunidades, ya que esta decisión, sin duda, significa la pérdida de un dinamizador de la economía en la región del Cesar y en el país.

Desde la ACM hacemos un llamado para que se revise de manera urgente una política diferenciada al carbón colombiano. Las riquezas y reservas de carbón con las que contamos los colombianos, sumado a los retos que representa la nueva dinámica de este mineral en el mundo, requieren una atención particular para que esta industria permanezca en el país, generando empleo, desarrollo y bienestar social. No podemos desconocer que la generación energética a base de carbón seguirá siendo determinante en el plano mundial, así lo establecen los más recientes estudios del Instituto de Energía del Mundo, en los que se asegura que el carbón representará para el 2040, el 25% de la matriz energética del planeta.

“La salida de Prodeco del país es una gran preocupación para la industria y en especial para el departamento del Cesar que hoy está perdiendo el 21% de la producción nacional de este mineral, de la cual se han aportado al sistema general de regalías 300 mil millones de pesos anuales y se han invertido 165 mil millones de pesos en proyectos sociales y ambientales; adicionales a los 7.500 empleos entre directos e indirectos”, afirmó Juan Camilo Nariño, Presidente de la Asociación.

Finalmente, respetamos la decisión corporativa de Prodeco, la cual responde al análisis minucioso de todos los aspectos que involucra una operación de esta naturaleza. Adicionalmente, vale la pena mencionar que las relaciones entre el Estado y las compañías mineras, cuentan con una legislación específica, adicional a las previsiones contractuales suscritas, que incluye la devolución de áreas”.