En entrevista exclusiva para La Piragua, el excandidato a la Alcaldía de Tierralta, Franklin De la Vega, explicó a detalle las acciones legales que está adelantando con acciones de tutela, en contra de uno de los artículos de un decreto firmado por el presidente Iván Duque, y contra otro de una resolución expedida por el registrador nacional del Estado Civil, ambos referentes a las prohibiciones para inscribir candidatura a las curules de paz en el Congreso de la República.
Lo primero que el accionante denuncia es el artículo 13 del decreto 1207 del 5 de octubre de 2021, que reza que “no podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o personería jurídica.
De igual forma, De la Vega cuestiona el artículo 7 de la resolución Nº 10592 emitida por la Registraduría, el cual aborda las inhabilidades especiales para poder postularse como candidato, y básicamente plantea lo mismo que el anterior.
En este sentido, en la tutela que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Franklin De la Vega afirma que no solo se está vulnerando su derecho fundamental como víctima del conflicto armado, a elegir y ser elegido; sino que también se están ejecutando acciones contrarias a lo ya establecido constitucionalmente en el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, por medio del cual se crean las 16 curules de paz en la Cámara de representantes, para los períodos 2022-2026 y 2026-2030.
Dicho decreto plantea en el parágrafo 2 del artículo 5, que “no podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes la hayan sido por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de inscripción o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el último año”.
Con base en esto último, es que el denunciante hace sus afirmaciones y reparos, ya que su aspiración a la Alcaldía del municipio del Alto Sinú antes mencionado, con el aval del partido Liberal, se dio en el año 2011, además asegura que en el momento en el que tuvo esa candidatura política no figuraba como víctima del conflicto armado, sino que fue reconocido como tal en julio del año 2016.
“El presidente y el registrador me están castigando mi derecho fundamental a ser víctima, me están sancionando, no puedo aspirar porque yo aspiré siendo ciudadano en ejercicio, pero siendo víctima -este es un caso muy especial- nunca he aspirado a nada en Colombia”, precisó.
Partiendo del resultado que dé la acción tutela, el accionante podría pedir la nulidad de los artículos ya citados, de manera que logre acceder a la aspiración a una curul de paz en el órgano legislativo.