El tribunal administrativo de Córdoba falló, en primera instancia, sobre una acción popular interpuesta por Carlos Muñoz Estrada y resolvió que ni la exgobernadora Marta Sáenz, ni el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y la empresa contratista Corporación Concretar tienen responsabilidad en el proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) de Villa Melisa.

De acuerdo con el tribunal, quienes sí tienen responsabilidad dentro de las pretensiones del demandante son la Gobernación de Córdoba, el segundo contratista Gustavo Ramírez Mendoza y el municipio de Montería.

Así, el tribunal ordenó a los antes mencionados realizar las actividades necesarias para la adecuación del sistema de alcantarillado de la urbanización Villa Melisa en cumplimiento del amparo al derecho colectivo a la seguridad y salubridad.

La acción popular fue presentada en marzo de 2015  por Estrada, sin embargo, fue inadmitida por contener imprecisiones ya que incluía actores como la presidencia de la República, la Policía Nacional Procuraduría y Proactiva. Los mismos fueron retirados y posteriormente el 13 de abril del mismo año fue admitida.

El demandante denunciaba vulneración a los derechos colectivas a la vivienda digna, la vida, la recreación y la defensa al patrimonio público. Afirmaba que las viviendas de Villa Melisa no cumplían con lo ofrecido en la promesa de compra – venta porque presuntamente las casas no estaban construidas con materiales de buena calidad.

Sin embargo, un perito enviado por el tribunal determinó que las viviendas están construidas con las normas vigentes para proyectos urbanísticos, pero el funcionamiento de los servicios era regular, por lo  que se ordenó la adecuación del sistema de alcantarillado.