Luego de que se conociera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor del senador Gustavo Petro en el proceso por la destitución como alcalde de Bogotá que se le hizo en el año 2013, el legislador se pronunció al respecto y afirmó que la decisión del tribunal internacional evidencia que instituciones administrativas no pueden destituir a quien fue elegido por el voto popular.

“Los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por órdenes administrativas, ni sus derechos políticos pueden ser vulnerados y esto tiene que ver con los congresistas en ejercicio, que no pueden ser destituidos o suspendidos simplemente por decisiones administrativas de la Procuraduría o de órganos similares”, indicó el líder de la Colombia Humana.

En este sentido, precisó que “siendo esto una sentencia de la Corte, siendo cosa juzgada y bloque de constitucionalidad de Colombia”, la decisión debe respetarse y cumplirse de aquí en adelante.

Por su parte, la CIDH que ordenó al Estado colombiano indemnizar a Petro con US$ 28.000, «concluyó que la vigencia de las normas que facultan a la Procuraduría a imponer dichas sanciones a funcionarios democráticamente electos -así como aquellas que tienen el efecto práctico de producir una inhabilidad en el ejercicio de los derechos políticos como resultado de una decisión de la Contraloría-, constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Como se recordará, Gustavo Petro fue destituido como alcalde mayor, el 9 de diciembre del año 2013, por orden del entonces procurador general, Alejandro Ordoñez, quien para la fecha halló al burgomaestre responsable del caos de la recolección de basuras, por haber cambiado el esquema de recolección, lo que tuvo a la capital del país inundada de desechos durante una semana.

Esto para el tribunal internacional constituyó una violavión al principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa.