Llamado de atención a Petro: Consejo de Estado exige respeto tras polémico calificativo ‘perfidia’
En un contexto de creciente fricción entre el poder ejecutivo y el judicial en Colombia, la Sala Plena del Consejo de Estado ha emitido un pronunciamiento enérgico en respuesta a los reiterados comentarios del presidente Gustavo Petro sobre las decisiones de esta alta corporación. Este conflicto no es simplemente una disputa aislada entre instituciones, sino que está incrustado en un marco ideológico más amplio que ha visto enfrentamientos persistentes a lo largo del año, resultando en una relación tensa que amenaza la estabilidad del sistema judicial.
Los magistrados del Consejo de Estado no solo han calificado los pronunciamientos del presidente como “graves, sistemáticos e irrespetuosos”, sino que han señalado que tales afirmaciones socavan la “honorabilidad, integridad y eficacia” de su labor, planteando así interrogantes sobre la percepción pública de la justicia en el país.
Este último desencuentro se centra en el fallo que anuló la elección de José Luis Bohórquez López como alcalde de Duitama, donde el presidente Petro sugirió, de manera controvertida, que la decisión judicial estaba motivada por un afán de obstaculizar su propuesta de cambio político y social, caracterizando el fenómeno como una forma de “lawfare” que abusa del derecho en contra de la voluntad popular. A pesar de que los enfrentamientos entre el presidente y el Consejo de Estado no son nuevos, incluyendo críticas pasadas relacionadas con la financiación de su campaña presidencial, la reacción unánime y contundente de los magistrados marca un hito en esta confrontación, haciendo un llamado claro al respeto de la independencia del poder judicial.
En su declaración, el Consejo de Estado enfatizó que sus decisiones se fundamentan en rigurosos análisis jurídicos y no en motivaciones políticas, rechazando las insinuaciones del mandatario sobre la manipulación de la justicia para fines partidaristas. Este contexto subraya la necesidad urgente de que los líderes del Estado actúen con responsabilidad y coherencia, ya que la confianza pública en las instituciones es fundamental para el funcionamiento democrático, y cualquier debilitamiento de esta confianza puede aprovechar a quienes buscan intereses propios en lugar del bienestar colectivo.
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