Esta contratación garantiza el año lectivo de los niños de la zona rural dispersa, de los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta


En respuesta a las preocupaciones planteadas por el alcalde del municipio de Puerto Libertador, Eder Jhon Soto Cuadrado, sobre la situación que afecta a unos mil setecientos niños quienes aún no reciben clases, el secretario de educación departamental, Gabriel Moreno Guerrero, anunció que se están adelantando todas las gestiones para resolver la situación a más tardar la semana próxima.

“Entendemos la inquietud del señor alcalde, por supuesto como un tema de un deber misional, explicarle que la figura de educación contratada consiste en llevar esa oferta educativa con docentes que se contratan a donde la oferta de la nómina oficial no alcanza a llegar, en ese sentido son más o menos 300 docentes que se requieren para suplir esa necesidad en tres municipios del departamento de Córdoba…” explicó el titular de la cartera educativa.

Indicó que el proceso pre – contractual ya se hizo, es decir, los estudios de necesidad, los traslados presupuestales necesarios y se expidió el CDP, procediéndose ahora a la etapa contractual a través de un proceso que es bastante abreviado, porque permite la contratación directa, lo que significa que a más tardar la semana entrante debe resolverse esta problemática.

Explicó que no se había podido arrancar antes con el proceso porque dentro del presupuesto 2020 los recursos que estaban no eran suficientes, por lo que hubo que pedir autorización al Ministerio de Educación para hacer traslados internos dentro del presupuesto del departamento, es decir de la nómina oficial tocó tomar una plata y contratar esta necesidad. Los dineros serán restituidos cuando la nación haga los giros correspondientes. 

Tras precisar que esta contratación garantiza el año lectivo de los niños de la zona rural dispersa, de los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta, Gabriel Moreno Guerrero envió un mensaje de tranquilidad a los alcaldes y a los padres de familia, en el sentido de que se garantizará el derecho fundamental de acceso a la educación de estos menores de edad.