El presidente ruso, Vladimir Putin, es objeto de una orden de arresto internacional de la CPI. La elección de la organización internacional responde a los posibles crímenes de guerra que el presidente pudo haber cometido durante su invasión a Ucrania.
“Presuntamente responsable del crimen de guerra de la transferencia de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa y la deportación de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania”, se lee en la declaración de la CPI. Desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa, momento en que los crímenes se habrían cometido.
El presidente fue acusado de no ejercer suficiente control sobre los militares y empleados civiles que cometieron los delitos. Según Piotr Hofmaski, titular de esa organización, “la Sala de Cuestiones Preliminares II consideró que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen” con base en las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023. M
aria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño de la Federación Rusa, también estuvo implicada en el fallo de la CPI. La mujer está acusada de los mismos delitos, y el tribunal agregó que en este caso se violó el Estatuto de Roma.
La Corte Penal Internacional (CPI) adjudica los casos que le remite el Consejo de Seguridad de la ONU que involucran delitos graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de Estado.
Aunque histórica, esta elección tiene algunos inconvenientes. Aquellas naciones que han ratificado el Estatuto de Roma están sujetas a la jurisdicción de la CPI; sin embargo, algunas naciones, incluidas Rusia, China, Turquía, India, Israel y los Estados Unidos, no lo han hecho.