El Gobierno nacional presentó un preocupante y dramático informe sobre los casos de abuso contra menores en el Guaviare. Entre 2019 y 2022 se recibieron 587 casos de violencia sexual, 69 de ellos contra niñas indígenas, y se investiga la presunta participación de militares en tres de los casos.
El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, fue enfático en señalar que se iniciarán las respectivas investigaciones contra los funcionarios que se evidencie que omitieron su deber de informar cualquier tipo de abuso sexual en esta región.
“Hemos establecido que existen, según las carpetas del ICBF inspeccionadas en la Fiscalía, 378 casos entre el 2018 y 2020 de indígenas mujeres que han sufrido o que han sido víctimas en algún sentido de violencia sexual. Vamos a cruzar estos datos con el SPOA si esas carpetas del ICBF fueron trasladadas cada una de ellas a la Fiscalía, porque de lo contrario, si hay algún vacío, iniciaremos procesos penales respectivos por prevaricato por omisión contra los respectivos funcionarios”, dijo el fiscal.
Ahora, el ICBF asegura que el 12% de los casos reportados con denuncia penal en estos cuatro años -35 de niñas nukak y 34 de jiw- afectan a estas comunidades, que también se ven impactadas con otros problemas como el consumo de sustancias psicoactivas o una situación alimentaria crítica.
El presidente Gustavo Petro anunció que se tomarán medidas urgentes para atender la situación que viven las niñas y adolescentes en el Guaviare, asegurando que se va a investigar a funcionarios del ICBF por posible omisión y también a los militares que pudieran estar involucrados en los abusos.
También habrá dos unidades especiales para atender a población indígena y otra especializada en violencia de género, y se aumentará la presencia de Policía de Infancia y Adolescencia en el territorio, así como puntos fijos e itinerantes de atención a víctimas e información para evitar nuevos casos.