Es increíble que el departamento de Córdoba, sea uno de los territorios con el número más bajo en todo el país, en evaluar y certificar a las personas con discapacidad, autorizando la secretaría de salud departamental asta el momento a dos IPS, para realizar este proceso en los 30 municipios del departamento y que Montería solo halla evaluado y certificado a tan solo 232 personas con discapacidad, cuando en la actualidad existen más de 6 mil 800 personas reportadas en el registro, localización y caracterización en la plataforma del Ministerio de Salud.
Sin embargo, funcionarios de la secretaría de salud argumentan que el Ministerio de Salud corrigió el garrafal error de certificar a cualquier persona sin discapacidad que solicitara a su medico de la red prestadora, donde estos certificados eran emitidos por las IPS, de acuerdo a la ley 100 del año 1990, descubriendo que de 50 millones de colombianos, 30 millones resultaron con este documento, otorgándoles beneficios sociales del estado y negándoles la oportunidad a quienes verdaderamente si lo requerían.
Así mismo, los responsables de tal hecho, hasta el año 2020 y en medio de la pandemia, expidieron la resolución 113 del 2020 para transformar esta cruda realidad y aún así, en el país Córdoba fue uno de los cuatro departamentos que no recibió los recursos para el proceso de certificación por no gestionar el tramite respectivo en las fechas requeridas por el Ministerio, generando con esto gran incertidumbre entre la comunidad con discapacidad y sus cuidadores.
Del mismo modo, el Ministerio de Salud asignó para Córdoba en el año 2021, 154 millones de pesos y el departamento destinó 40 millones más, dineros que fueron escasos para la gran demanda de personas que solicitaban el certificado, pues a Montería le asignaron tan solo 34 millones de pesos, con los que certificaron a solo 232 personas con discapacidad y 46 más quedaron con la autorización en la mano y pendientes para evaluar y luego certificar.
Pero, lo más grave de esta situación, es que en agosto 18 del año 2021, el Ministerio asigna para Córdoba, 111 millones de pesos, los cuales en lo que va del año 2022, se tuvieron que devolver al Ministerio por falta de gestión de la secretaría de salud departamental y con esto se evidencia la negligencia de funcionarios que no hacen bien la tarea, a tiempo por que ya no hay dinero en el momento para este proceso y se esta perjudicando a miles de personas que requieren el certificado para trabajar, estudiar, para recibir beneficios del mismo gobierno nacional.
Finalmente, debo decir que en Córdoba hoy existen cuatro IPS listas para ser contratadas por el gobierno departamental, dos en Montería, una en Tierralta y una en Canalete, las cuales cuentan con sus profesionales de la salud certificados para este propósito y además estamos en la espera llena de incertidumbre para saber sí con los tramites tardíos de la secretaria de salud departamental, logran hacer que les regresen los 111 millones de pesos y destinen otros adicionales para cumplir con este objetivo , lo cual tengo por duda que los devuelvan y si estoy con la esperanza que la alcaldía de Montería, quién anunció que en los próximos días asignará recursos propios por el orden de 110 millones de pesos para continuar certificando a personas con discapacidad en la capital cordobesa.