Durante la discusión del proyecto de ley con el cual se busca regular el nuevo Sistema General de Regalías que se creó con una nueva reforma constitucional, algunos congresistas de la oposición denunciaron que se en la plenaria de la Cámara se aprobó un ‘mico’ que le daría vía libre a la práctica del fracking en Colombia.

El primero en hacer la advertencia fue el representante de Boyacá César Pachón, quien indicó que con esta iniciativa el país dejaría de recibir entre 2.000 y 6.000 millones de pesos diarios por cada 500.000 barriles de petróleo.

«Es un mico que es inconstitucional porque no respeta el principio de unidad de materia, este artículo 210 es sobre liquidación de regalías y esta ley que se aprobó es una ley de distribución y no de liquidación de regalías», indicó.

Además, el congresista indicó que, con este artículo, «el Estado colombiano le entregará un descuento a la industria petrolera, permitiendo que el fracking solo pague el 60% de lo que paga la explotación de petróleo en un modo convencional».

Por su parte, la congresista Katherine Miranda se sumó a esta denuncia y advirtió que se trata de un ‘orangután’, el cual podría darle vía libre a la explotación de yacimientos no convencionales a través de la técnica del fracking.

Según Miranda, ese artículo permite la aplicación de la técnica, aunque su uso está prohibido en este momento por una orden del Consejo de Estado que aún estudia su viabilidad, “esta decisión del Congreso de la República es una burla a la decisión del Consejo de Estado”.

La congresista también explicó que el artículo no tiene conexidad o relación con el resto del articulado de la ley por lo cual sería inconstitucional.

“No tiene unidad de materia porque el proyecto de ley busca dar las líneas de cómo se distribuyen y cómo se reglamentan las regalías, no tiene nada que ver con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la técnica”, dijo.

La viabilidad del uso del fracking es un tema que está siendo estudiando por el Consejo de Estado que citó para el próximo 17 de septiembre, una audiencia pública con el fin de debatir un informe de la Universidad Nacional que no la recomienda.