Entre el 16 y el 20 de septiembre, el Ejército y el Ministerio de Interior anunciaban al país con júbilo, la ejecución exitosa de la denominada ‘Operación Samuel’, la cual tuvo por objetivo neutralizar a alias Fabián, fichado como “la cabeza más importante” del Ejército de Liberación Nacional.
El operativo se registró el día 16 en El Litoral de San Juán-Chocó y las autoridades confirmaron ocho muertos: Fabían no estuvo entre ellos. Sin embargo, lo que no se dijo es que cuatro menores de edad habían perdido la vida en medio del bombardeo.
Para la fecha, el ministro Daniel Palacios manifestó que la operación representó “sin duda el golpe más duro contra esta organización terrorista”.
Ahora, este 7 de octubre, trasciende la información luego de que el senador Iván Cepeda denunciara públicamente el presunto ocultamiento por parte de la institución castrense, dando apertura a toda una nueva ola de cuestionamientos.
Cepeda basó su denuncia en un informe que solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual se deja constancia de que entre los muertos hubo un adolescente de 13 años, dos de 17 años y una mujer de 17 años.
“La responsabilidad en la protección de la vida de los niños y niñas no corresponde únicamente a los grupos armados promotores del reclutamiento, quienes deben responder por cometer este crimen de guerra. El Estado colombiano tiene una obligación internacional de protegerlos. Sin embargo, ha sido una constante de las Fuerzas Militares realizar el método de mayor impacto y daño a la vida sin distinción: los bombardeos. No hay nada más excesivo que matar a niños y niñas reclutados en un contexto de vulnerabilidad y abandono estatal para conseguir una ventaja militar que se podía obtener por otros medios” señaló el senador Cepeda.