La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá restituir los más de 330 millones de pesos que la campaña presidencial de Noemí Sanín del 2010 debió pagarle al Banco de Colombia para terminar de cubrir el crédito por medio del cual financió su aspiración a ocupar la Casa de Nariño en la contienda electoral de hace una década.

Esta determinación obedece a que el Consejo de Estado declaró nula la decisión por medio de la cual esa entidad de la organización electoral asignó al Fondo Nacional Económico del Partido Conservador parte de la reposición de gastos de campaña. El fallo obliga a la demandada a restituirle a la accionante la suma, debidamente indexada.

El acto por medio del cual se ordenó consignar los recursos a favor de la colectividad política fue objeto de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, según la accionante, la campaña nunca solicitó la pignoración de tales dineros a favor del Partido.

A juicio de la demandante, la totalidad de los recursos debieron ser girados al Banco de Colombia, la entidad con la que se adquirió el crédito frente al cual se establecieron como prenda de garantía los dineros de reposición de gastos que debía reconocerles la Registraduría en este acto administrativo; esta circunstancia, dijo, llevó a la parte accionante a tener que asumir los costos de esa deuda.

En primera instancia, el Tribunal negó la demanda. Sostuvo que la ley reconoce que a los movimientos y partidos con personería jurídica les corresponde un porcentaje de la reposición de gastos, por ser depositarias del aval que recibe el respectivo candidato. Indicó que el pago no requería autorización de la gerencia de la campaña, pues el derecho del Partido a hacerse a los recursos estaba respaldado por las garantías que la gerente había reconocido. A ello se sumaba que, en sus estatutos, la organización se comprometía a cubrir el 85 % de los gastos de campaña, lo que indica que tenía derecho a reclamar el 15 % restante.

La alta corte declaró nula la asignación de la reposición a favor de la organización política y ordenó la restitución de estos dineros a la demandante. Concluyó que la Registraduría reconoció las normas aplicables al caso, que dejaban en cabeza de la gerencia de la campaña la responsabilidad sobre la disposición de los recursos. Por esa razón, dice, la demandada no debió atender la solicitud del asesor jurídico del Partido Conservador, quien expresó en una comunicación que el Fondo Nacional Económico de dicha colectividad debía recibir los recursos por reposición. Además, tampoco era valedero aplicar los estatutos de la colectividad para resolver el caso.