El pasado miércoles, 18 de diciembre, la Defensoría del pueblo emitió la alerta temprana Nº 054-19, a través del cual se advirtió del riesgo por violencia que sufren comunidades indígenas del departamento de Córdoba, asentadas en los municipios Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré.

Comunidades como los Emberá Katio del alto Sinú, el resguardo Zenú del alto San Jorge, Egorobadó en Puerto Libertador y Xinitabé en Uré, son algunas de las zonas específicas que resalta la Defensoría, en las cuales habitan líderes sociales, directivos de Juntas de Acción Comunal y campesinos pertenecientes a ASODECAS, ASCSUCOR, COCCAM, FUNSACP, ANZORC Y CORDOBERXIA, quienes hacen parte del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos.

En dichos espacios, dice el ente en el comunicado oficial, se ha “impedido a los campesinos la ampliación de la frontera agrícola, a costa de las zonas amortiguadoras y ecosistemas estratégicos del Parque Nacional Natural Paramillo y ha sido un factor de vulnerabilidad frente a su vinculación a economías ilícitas para poder sobrevivir, al tiempo que la población indígena se ha visto obligada a desplazarse al interior y por fuera de sus territorios colectivos”.

Así mismo en la descripción explicativa de la alerta, se dice que la situación amenaza con expandirse a los principales cascos urbanos de la subregión del San Jorge, como lo son La Apartada, Ayapel, Buenavista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica.

Las comunidades antes mencionadas estarían sitiadas por las acciones de los frente Rubén Darío Ávila y Carlos Vásquez, quienes libran una guerra por el control ilícito del mercado de la hoja de coca.