Mediante una audiencia realizada el martes, 30 de julio, en la Corte Constitucional, donde analizaron la grave situación de desplazamiento que ocurre en el Pacífico y en las comunidades indígenas Jiw, ubicadas entre el Meta y Guaviare, el defensor del pueblo, Carlos Negret, denunció que además de la presencia del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, están surgiendo 17 nuevos grupos armados.
Según Negret estas nuevas organizaciones criminales han sido creadas con miembros de las disidencias de las Farc, quienes en conflictos en territorio del Chocó con miembros Gaitanistas, buscan apoderarse de la zona.
El defensor del pueblo aseguró que “estamos viendo en los ríos los cadáveres del Chocó”. Al mismo tiempo advirtió que desde la corporación que tiene a cargo se han emitido 19 alertas tempranas, desde enero de 2018 hasta junio de 2019, pero el Estado no ha activado los mecanismos pertinentes de resguardo para los habitantes de estas zonas.
Asimismo, Negret denunció el estado de confinamiento y desplazamiento que sigue viviendo dicha zona costera del país, a pesar que a través de la sentencia T-025 del 2004, la Corte Constitucional estableció un estado de cosas inconstitucionales en el desplazamiento forzado que afronta el país, donde cerca del 39% de casos de desplazamiento son aportados por el Pacífico colombiano.
“La paz no llegó a estas poblaciones”, dijo Negret al reseñar todas las situaciones de vulnerabilidad que viven sus pobladores, quienes no quieren volver a sus territorios originarios ya que fueron desplazados de forma violenta por las antiguas Farc y cultivadores de coca.
Sobre el trabajo en esta zona el defensor resaltó la falta de compromiso del Gobierno en el territorio: “El Estado no ha reparado a las víctimas a pesar de las sentencias de la Corte Constitucional”
El procurador delegado para temas étnicos, Richard Moreno, destacó que no hay un enfoque diferencial, por lo que la población étnica es revictimizada en gran parte de los casos, debido a que hay una descoordinación de la institucionalidad que se ve representada en la ausencia del Gobierno en el territorio y en una apatía de las instituciones.
Moreno resaltó la existencia de varias familias que han sido declaradas hasta en “cinco ocasiones” diferentes como victimas, siendo una muestra que la violencia perdura en el territorio.