Crisis de inseguridad en “Locombia”

Por: Horacio Garnica Díaz.

¡Según la retórica constitucional, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades …! bla!, !bla!, !bla!.

“Los observadores de la escena política colombiana usualmente se refieren a las condiciones de deterioro del país, el derrumbe de las instituciones gubernamentales y la creciente incapacidad estatal para garantizar la seguridad”. Es evidente la debilidad de las estructuras del Estado y del Estado mismo y la crisis de gobernabilidad. Los hechos y no las palabras están demostrando la incapacidad del gobierno central en la protección de la población civil.

En la hora de ahora es preciso enfatizar en la inocultable realidad, de que el gobierno central, la Policía y las instituciones militares son incapaces de mantener y ofrecer seguridad a quienes residimos en Colombia. Cosa distinta es toda la parafernalia que exhiben como antesala de un combate de guerra, cuando como perros rabiosos enfrentan las estigmatizadas protestas sociales.

“Todos los componentes del Estado colombiano exhiben debilidades significativas. La autoridad, reciprocidad y responsabilidad que constituyen la legitimidad vertical ha sido erosionada por la corrupción, la acumulación de las diferencias económicas, el clientelismo, el regionalismo y la gran ineficacia del sistema”. Así como va Colombia es un Estado en vía al fracaso, y, no podemos por acción u omisión ser responsables de su fracaso. Tenemos con lealtad juntarnos los que nos parecemos y los que no se parecen a nosotros hacerlos que se parezcan a nosotros para hacer realidad el sueño de otra República posible.

En Colombia hay 3 grandes fuentes de violencia y generadoras de inseguridad: la violencia guerrillera, el componente criminal relacionado con la producción y tráfico ilegal de drogas que amenaza con incapacitar las instituciones y el terrorismo de Estado y los correspondientes gobiernos.

A manera de ejemplo tenemos el gobierno de Julio César Turbay Ayala y de Álvaro Uribe. El Estatuto de Seguridad establecido por el gobierno de Turbay Ayala mediante el decreto 1923 de 1978, “este fue un remedo de ocupación militar del Estado, permitió la aplicación de este Estatuto, con detenciones indiscriminadas y torturas a personas de grupos sindicales, organizaciones populares e intelectuales considerados de izquierda. Estos episodios estuvieron enmarcados por la aplicación de la justicia militar”, inspirada en la concepción de seguridad nacional como directriz ideológica militar.

Por su parte en el “Manifiesto de 100 puntos del programa de Álvaro Uribe, los puntos 26 a 40 “enunciaban lo que se llamó la seguridad democrática. El adjetivo de democrática, copiado de uno de los conceptos internacionales alternativos al de seguridad nacional, sirvió para disfrazar el contenido militarizado de lo que fue la política de seguridad del gobierno que se perfilaba ” en ese momento.

El resultado real de la política de seguridad democrática lo refleja “la larga historia nacional de violación militar a los derechos humanos, la persistente presión presidencial por resultados tangibles sin medir las consecuencias”. Consecuencias, entre otras, hechas realidad con los crímenes llamados falsos positivos. Según el CINEP, 1119 crímenes de esta clase entre 2001 y 2010. Revelados algunos por algunos militares recientemente ante la JEP. Y, el Comandante y Jefe de las fuerzan militares de esa época en todo un cristal de impunidad, debe también confesar su responsabilidad.

En la hora de ahora soportamos una seguridad colapsada traducida en inseguridad total, al punto que sólo nos queda parodiar al Chapulín Colorado cuando decía: “Y, AHORA QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS”.

Obedecemos queramos o no a la autoridad del fusil para que no se nos imponga la autoridad de la muerte. Estamos ante un real golpe de estado y ante una real demostración de poder frente a un Estado y un gobierno débil para unas cosas y bravucón para otras.

No sé si sientan vergüenza por lo que está pasando. No están cumpliendo las autoridades con sus obligaciones y responsabilidades constitucionales y legales. Hoy Montería es una ciudad como si sus habitantes la hubieran abandonado. Nadie absolutamente nadie transita por sus calles y así es lo mismo en el resto de los 29 municipios. Y, cuando digo que nadie también incluyo a los policías, que si los hay será esporádicamente.

Entiendo que hoy se realizó un consejo de seguridad en Montería, consejos de seguridad que son como las tetillas del hombre.

Montería La Perla del Sinú, mayo 6 de 2022.

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