Las acciones conjuntas de como parte del trabajo conjunto del programa Transparencia para la Emergencia, adelantados por la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, deja como los más enredados a los alcaldes de Sincelejo, Coveñas y Malambo.

 Por ejemplo, para el caso de Sincelejo, la Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde, Andrés Eduardo Gómez Martínez; a la Jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto.

A los funcionarios se le investiga por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

Tanto el alcalde como los tres funcionarios deberán responder en audiencia de juzgamiento disciplinario por la participación relevante, que tuvieron en el trámite precontractual y contractual de los contratos suscritos con las sociedades Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., a las que tres días después de la firma del contrato se les aprobó la entrega de un anticipo del 50% ($999.975.000), que debía ser destinado en su totalidad para la compra de los productos.

Se les cuestiona que con la firma de los dos contratos se habría podido incurrir en detrimento del patrimonio público, que superaría los $900 millones, y un posible desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa.