La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía la indagación preliminar que seguía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los casos de las masacres de El Aro, San Roque y la Granja, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. 

Estos delitos fueron cometidos por paramilitares cuando Uribe era gobernador de Antioquia. El expresidente Uribe tenía en la Corte Suprema de Justicia una indagación preliminar a la que había sido citado a una versión libre este miércoles por esos hechos. 

Sin embargo, el alto tribunal estableció que tras la renuncia de Uribe al Senado, así como perdió competencia para seguir investigándolo por presunto soborno a testigos y fraude procesal, tampoco puede seguir llevando el caso preliminar en su contra por estos delitos cometidos por los paramilitares. 

Así las cosas, el alto tribunal le remitió a la Fiscalía todo el expediente que tenía el radicado 45110. La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de forma unánime. Ahora le corresponderá a la Fiscalía General indagar si Uribe pudo o no tener una presunta responsabilidad en estos crímenes que en el 2018 fueron declarados como de «lesa humanidad», lo que significa que en estos procesos no puede operar la prescripción. 

Esta investigación ya había estado en manos de la Fiscalía que bajo el mandato del entonces Fiscal Eduardo Montealegre, decidió tumbar un auto inhibitorio que favorecía a Uribe en ese proceso. Luego el expediente pasó a la Corte Suprema de Justicia pero estuvo por años sin ningún movimiento en el despacho del investigado magistrado Gustavo Malo, procesado por el denominado ‘Cartel de la Toga’.

Con la ley de doble instancia del 2018, el caso quedó en manos de la Sala de Instrucción, bajo el despacho del magistrado César Reyes Medina. Así, esta Sala indagaba a Uribe  por tres hechos. El primero, explicó la Sala de Instrucción en un comunicado, es el que tiene que ver con la presunta conformación, promoción o financiación a mediados de los años 90 de una estructura armada organizada al margen de la ley, que operó en el nordeste antioqueño. 

Esa estructura, según el proceso, al parecer había usado como base de operaciones la Hacienda Guacharacas, que en la época era de propiedad de los Uribe Vélez, ubicada en los municipios de Yolombó y San Roque (Antioquia). Además, dice el expediente, esa organización al parecer «cometió ataques contra la población civil del municipio de San Roque, entre ellas, las masacres ocurridas el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996». 

En segundo lugar, el expediente de la investigación preliminar contra Uribe indagaba su presunta «intervención en su condición de gobernador de Antioquia» en los hechos violentos que sufrió la población de Ituango, en Antioquia en diferentes masacres como las de La Granja, del 11 de junio de 1996, y la masacre de El Aro, cometida entre el 22 y 31 de octubre de 1997. 

En ese mismo contexto, afirma el alto tribunal, sucedieron otros crímenes como el secuestro de 17 personas, el incendio de viviendas, hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de familias de Ituango. 

El tercer caso por el que la Corte Suprema de Justicia indagaba a Uribe era el homicidio del líder de derechos humanos Jesús María Valle, quien también era abogado y concejal de Ituango. Fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. 

Con información de El Tiempo