Corte Constitucional ordena medidas para frenar la violación de derechos humanos en cárceles del país

Tras el estudio realizado por la Corte Constitucional sobre estado de hacinamiento en las cárceles de Colombia, centros transitorios, estaciones de Policía y URI, el Alto Tribunal declaró la violación masiva de derechos humanos en las cárceles de Colombia y extendió el Estado de Cosas Inconstitucional.

A través de nueve tutelas se evidenciaron las graves situaciones a las que son sometidos hombres y mujeres en su paso por los centros de reclusión transitoria hasta los centros penitenciarios. Según los documentos, existen múltiples fallas estructurales, falta de ventilación, poco acceso a sistema de salud y sanitario, incluso, se alega que personas detenidas pasan más de 36 horas, semanas y hasta meses en lugares de detención transitoria, a pesar de que estos lugares no son aptos para mantener a un privado de la libertad por períodos prolongados de tiempo.

De acuerdo con las evidencias, los magistrados decidieron con una votación de 5 a 3, ordenar la implementación de medidas a corto y largo plazo para mejorar las condiciones en las que se encuentran los reclusos en las cárceles del país.

En un periodo de cuatro meses alcaldes y organismos territoriales deberán garantizar el acceso a alimentación, baños y ventilación para los detenidos, mientras que el acceso a servicios de salud debe ser atendido en un mes. Por otra parte, también se le exigió al Inpec que agilicen el proceso de liberación de reclusos que ya tienen el derecho a su libertad. Así mismo, madres y mujeres gestantes deben ser prioridad al igual que las personas de la tercera edad. En cuanto a la Fiscalía y jueces se les ordena usar la detención preventiva en casos excepcionales al igual que la ejecución de penas que que adopten medidas de descongestión.

“Hoy en Colombia hay 96.998 reclusos, es una sobrepoblación de más de 16,000 privados de la libertad. Muchos de estos internos podrían acceder a sanciones alternas y esto disminuiría el hacinamiento en cárceles de Colombia”, según Esmeralda Echeverry, directora del movimiento Cárceles al Desnudo.

Las alcaldías y gobernaciones, en el término de un año, deberán destinar recursos para la creación de más cupos y mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios. En total son 29 órdenes que deben ser implementadas en un plazo máximo de 6 años.