Las manos sucreñas que están sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), seccional Córdoba, están repletas de dinero a costas de la alimentación y de la salud de los niños del departamento.

En Córdoba esta institución es dirigida por el sucreño Alberto Jiménez Bohorquez, quien fue nombrado en el cargo durante la gestión de la ex gobernadora Sandra Devia.

Desde que asumió el puesto, les fueron cancelados los contratos a los contratistas cordobeses, que cumplían con todos los requerimientos de ley, para suscribir los mismos con contratistas de Sucre.

Estas contratistas, de acuerdo a las decenas de denuncias que se han hecho, reducen la calidad y la cantidad de los paquetes alimentarios, fallan en los pagos al Talento Humano de los Centros de desarrollo infantil (CD) y además le incumplen a las madres comunitarias.

Esta situación ya ha llegado a oídos de instancias nacionales, pues distintas han sido oficializadas mediante cartas enviadas a la directora nacional de la ICBF, e incluso el vicepresidente del Senado, Alexander López, se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, al parecer las autoridades garantes de que todo funciona acorde a la ley, se han hecho de la vista gorda, o quizá están influenciados por la versión, pues afirman que él «maquilló» el escenario, cuando Lina María Arbelaez, directora nacional del ICBF, realizó una visita en Córdoba.

Arbelaez recibió una carta firmada por 140 trabajadores de talento humano, seccional Córdoba, quienes plantearon situaciones puntuales que se han registrado en los CDI de los barrios Los Recuerdos, Urbanización Vallejo, Mogambo y el Dorado. Pero además alegaron que están siendo sometidos a explotación laboral, dado que trabajan ocho horas por fuera de lo que establece la ley, fines de semanas y festivos, sin recibir una remuneración por horas extras.

Estos 140 trabajadores señalan a la operadora Ofir del departamento de Sucre, que obtuvo la contratación por un mes y luego se la cedió a Asomujeres, también del referido departamento. Ellos afirman que el traslado se hizo sin haber saldado el pago de sus salarios y tampoco el de docentes, servicios generales, manipuladoras, equipo administrativo y vigilantes. Tampoco se entregó la ración alimentaria correspondiente a los niños.

Esta preocupante denuncia da cuenta de que en Montería, han entregado incluso hasta leche descompuesta y demás productos vencidos.