Los maestros provisionales del sur de Córdoba cumplen este viernes, 29 de enero, una semana de haber arribado a la ciudad de Montería con una protesta activa frente a la sede de la Gobernación de Córdoba para exigir que no se cometa una “masacre laboral”. Aseguran que aún no han tenido respuestas concretas ante sus peticiones.

José Óscar Correa, vocero de los docentes afectados de Tierralta, durante una entrevista ofrecida al equipo de prensa del Diario La Piragua, indicó que ante la violación de sus derechos tomarán medidas más drásticas para hacerse sentir, entre ellas anunció el cierre de las instalaciones de la administración departamental “para ver si se dedican a atender a los docentes”.

Así mismo, Correa detalló que junto a esta toma que tienen planificada en los próximos días, se sumará una huelga de hambre frente a la Gobernación, tal cual anunciaron el pasado martes, 26 de enero, cuando marcharon en la calles de la capital ganadera para pedir que las plazas de trabajo en los municipios de post conflictos donde estaban laborando no les sean arrebatadas por un concurso que, según el vocero, “estuvo amañado”.

Correa acotó que la Gobernación está desinformada por culpa de la Secretaría de Educación, y no tomaron en cuenta el Decreto 882 firmado en la Habana, durante el Acuerdo de Paz, donde establecen una serie de parámetros que, según su análisis, protege los puestos de trabajo de los maestros que durante años han estado en los municipios de conflictos como lo son Tierralta, Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano.

Por otro lado, el agraviado acotó que hubo personas que participaron en el curso, ganaron y ni siquiera pertenecen a los municipios donde se estaban ofertando las plazas de trabajo. Acotó que hay personas de Bogotá a quienes le dieron un puesto y pasaron por encima de ellos.

“Los docentes siempre estamos prestos para la prueba y más que preparados. Nosotros nos preparamos en la práctica pedagógica y en la práctica conceptual de todo lo que sucede en nuestro alrededor”, expresó el vocero.

Además denunció que no existe una comunicación certera entre la Comisión Civil Nacional, MinEducación y la Gobernación de Córdoba, de los cuales dijo tienen una completa desarticulación porque no supieron ofertar las plazas a las docentes que debieron participar en un concurso cerrado y no como fue ejecutado.